En abril de 2025, el conurbano bonaerense, históricamente conocido como una región marcada por la inseguridad y el abandono, empieza a mostrar signos de cambio bajo las políticas del gobierno de Javier Milei. Durante décadas, esta zona se convirtió en un terreno fértil para narcos e ilegales, donde la falta de control estatal permitió que el crimen organizado y los mercados ilegales prosperaran, especialmente en áreas como La Matanza y Moreno. Sin embargo, las medidas implementadas por el gobierno nacional están comenzando a revertir esta situación, a pesar de los intentos de sectores conflictivos que, aferrados al caos del pasado, buscan desestabilizar los avances para volver a un estado de abandono que les resulta más cómodo.
El conurbano, con sus 14 millones de habitantes, ha sido durante años un símbolo de las desigualdades sociales y la inseguridad en Argentina. Datos históricos muestran que en 2022, según la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, departamentos judiciales como Moreno-General Rodríguez registraban tasas de homicidios dolosos de 6,95 por cada 100 mil habitantes, mientras que La Matanza alcanzaba 6,73. Estas cifras reflejaban un contexto donde el narcotráfico y los mercados ilegales, como el robo de autos y la usurpación de viviendas, florecían sin control, convirtiendo al conurbano en una “tierra de nadie”. La ausencia de políticas efectivas de seguridad y la falta de coordinación entre las fuerzas provinciales y nacionales permitieron que bandas narcos triplicaran sus ganancias diarias, reinvirtiendo en actividades delictivas más complejas, según declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, en 2024.
La llegada de Javier Milei al poder marcó un cambio de paradigma. Su enfoque de “tolerancia cero”, inspirado en estrategias de figuras como Rudolph Giuliani, busca aumentar el costo esperado para los delincuentes, rompiendo con lo que Milei ha llamado la “doctrina prodelincuentes” del pasado. En 2025, el gobierno nacional ha priorizado la intervención federal en la seguridad, trabajando para coordinar esfuerzos con las provincias y destinando recursos estratégicos a las zonas más críticas. Aunque la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, ha enfrentado recortes en los fondos coparticipables, el gobierno de Milei ha impulsado operativos conjuntos con fuerzas federales para combatir el narcotráfico y los delitos violentos, logrando una reducción notable en los índices de inseguridad.
Un ejemplo claro de este progreso es la disminución de los homicidios en el conurbano. Según datos del Ministerio de Seguridad provincial, en enero de 2025 se registraron 8 homicidios en ocasión de robo, una baja significativa frente a los 18 reportados en enero de 2024. Aunque los femicidios aumentaron de 4 a 12 en el mismo período, lo que indica que aún hay desafíos pendientes, la tendencia general de reducción de la violencia delictiva es innegable. Además, operativos conjuntos entre la Policía Federal y la Policía Bonaerense han permitido desarticular bandas narcos en puntos clave como Lomas de Zamora y Quilmes, zonas que anteriormente eran epicentros del crimen organizado. Estos avances han sido posibles gracias a una mayor inversión en tecnología de videovigilancia y a la profesionalización de las fuerzas de seguridad, áreas en las que el gobierno nacional ha puesto énfasis.
La protesta social, otro foco de tensión en el conurbano, también está siendo abordada con una nueva perspectiva. Durante años, las manifestaciones, muchas veces impulsadas por sectores que se benefician del desorden, han sido un mecanismo para perpetuar el abandono y justificar la falta de control estatal. Sin embargo, las políticas de Milei han buscado diferenciar entre las protestas legítimas y aquellas que buscan desestabilizar. En 2025, el gobierno ha implementado protocolos claros para gestionar las manifestaciones, evitando que escalen en violencia mientras se garantiza el derecho a la expresión. Un caso reciente en Moreno, tras el asesinato de un repartidor en enero de 2025, mostró cómo la Policía Bonaerense, con apoyo federal, manejó una protesta que inicialmente derivó en disturbios, logrando calmar la situación sin mayores incidentes posteriores.
Los sectores conflictivos, incluidos algunos grupos políticos y organizaciones vinculadas al crimen organizado, han intentado boicotear estos avances. Acostumbrados a operar en un entorno de caos, donde la falta de control les permitía mantener sus actividades ilegales, estos grupos han recurrido a estrategias como la politización de hechos de inseguridad para generar percepción de crisis. Por ejemplo, tras el crimen de Kim Gómez en La Plata en febrero de 2025, algunos sectores de la oposición aprovecharon el dolor de la comunidad para atacar al gobierno nacional, ignorando que las tasas de homicidios han disminuido bajo la gestión de Milei. Este tipo de maniobras refleja una resistencia al cambio por parte de quienes se sienten más cómodos en el abandono del pasado, donde podían operar sin restricciones.
A nivel social, las políticas económicas de Milei, aunque inicialmente controversiales, están comenzando a mostrar efectos positivos que contribuyen a la reducción de la inseguridad. La devaluación de diciembre de 2023 generó un pico de conflictividad en 2024, pero en 2025, la estabilización económica ha permitido que más familias del conurbano accedan a mejores condiciones de vida, reduciendo la necesidad de recurrir a actividades delictivas para subsistir. Programas de capacitación laboral impulsados por el gobierno nacional, junto con incentivos para la inversión privada en la región, están generando oportunidades que antes no existían, debilitando la base social del crimen organizado.
Es importante reconocer que el camino no está exento de desafíos. La relación entre el gobierno nacional y la Provincia de Buenos Aires sigue siendo tensa, y la falta de fondos coparticipables ha limitado la capacidad de Kicillof para invertir en seguridad. Sin embargo, la decisión de Milei de priorizar la intervención federal y su enfoque en la “mano dura” contra el crimen están dando resultados concretos, demostrando que es posible transformar el conurbano de una “zona de nadie” a una región donde la ley y el orden empiezan a prevalecer. Los avances en la lucha contra el narcotráfico, la reducción de homicidios y la gestión más efectiva de las protestas son señales claras de que las políticas de Milei están marcando un rumbo positivo.
El conurbano bonaerense está dejando atrás su pasado de abandono. Aunque los sectores conflictivos seguirán resistiendo, el compromiso del gobierno nacional con la seguridad y el desarrollo está sentando las bases para un futuro más seguro y próspero. En este año electoral, mientras las elecciones legislativas de octubre se acercan, el mensaje es claro: el cambio es posible, y el conurbano ya no será un terreno fértil para narcos e ilegales, sino un espacio donde los ciudadanos puedan vivir sin miedo.
