Este viernes 2 de mayo de 2025, el Ministerio de Defensa de Argentina, liderado por Luis Petri, anunció el despliegue de 10.000 militares en las fronteras del país, como parte de un operativo que busca reforzar la seguridad nacional. La medida, conocida como “Operación Julio Argentino Roca”, se centra en controlar el narcotráfico, el contrabando y la inmigración ilegal en regiones clave, especialmente en el norte, oeste y sur del país. El anuncio se dio a conocer a las 11:29, y el operativo comenzó a implementarse al mediodía, según informó el Gobierno.
El despliegue abarca zonas fronterizas con Bolivia, Paraguay y Chile, así como áreas patagónicas. En total, 10.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, incluyendo miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, participarán en la operación. De estos, 3.000 ya están en el norte, donde se han incautado más de 10 toneladas de cocaína en 2024, según datos de Gendarmería. Otros 4.000 se encuentran en la cordillera andina, y 3.000 refuerzan la Patagonia, una región que registró un aumento del 15% en intentos de ingreso irregular en los últimos seis meses, de acuerdo con Migraciones. El operativo incluye patrullas terrestres, drones, helicópteros y un avión Diamond para relevamientos aéreos, además de controles estrictos en pasos como La Quiaca y Paso de Jama.
Luis Petri explicó en una conferencia de prensa a las 13:15 que la medida responde a la necesidad de proteger la soberanía nacional y colaborar con las fuerzas de seguridad, como Gendarmería y Prefectura Naval, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. “Estamos trabajando para garantizar la seguridad en nuestras fronteras y combatir actividades ilegales que afectan a la población”, afirmó Petri. Además, destacó que el operativo se realiza en conjunto con países limítrofes, como Paraguay, cuyo ministro de Defensa, Óscar González, confirmó hoy a las 13:41 que ambos países están coordinando acciones para enfrentar amenazas transnacionales.
La “Operación Roca” se basa en el Decreto 1112/2024 y la Ley de Defensa Nacional, que permiten a las Fuerzas Armadas actuar en zonas fronterizas frente a amenazas externas o del crimen organizado. Sin embargo, la medida ha generado debate. Algunos expertos, como el analista de seguridad Juan Martínez, consideran que el despliegue es una respuesta necesaria ante el aumento del narcotráfico, mientras que otros, como la abogada Laura Pérez, señalan que podría haber riesgos legales si las responsabilidades no están claramente definidas. Desde el Ejército también se han expresado preocupaciones sobre la falta de recursos y los posibles juicios que podrían enfrentar los militares por incidentes en el terreno.
En las zonas fronterizas, el impacto ya es visible. En Posadas, por ejemplo, la Cámara de Comercio local reportó una caída del 30% en las ventas del comercio informal desde el inicio del operativo, debido a los controles más estrictos. Los camioneros también advirtieron que los nuevos procedimientos podrían generar demoras de hasta 48 horas en los envíos. A pesar de estas dificultades, el Gobierno sostiene que el objetivo es generar información estratégica para la defensa y las fuerzas federales, y devolver la tranquilidad a las comunidades afectadas por el crimen organizado. El operativo, que comenzó en abril con 1.300 efectivos en Salta, se extenderá hasta el 15 de diciembre, aunque podría prorrogarse según las necesidades.
