En un giro que podría cambiar las reglas del juego para las finanzas públicas argentinas, un fallo judicial emitido esta semana ha ordenado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recalcular los haberes jubilatorios ajustados por inflación desde 2020, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La decisión, que busca corregir la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados durante los últimos años, ha generado una ola de reacciones encontradas: mientras los beneficiarios celebran una posible mejora en sus ingresos, el gobierno de Javier Milei enfrenta un nuevo desafío para mantener el superávit fiscal que tanto esfuerzo le costó alcanzar. Este martes 29 de abril de 2025, el tema domina las portadas y las conversaciones en Argentina, y en esta nota de “Actualidad” analizamos sus implicancias económicas, sociales y políticas.
El fallo, dictado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, establece que los haberes jubilatorios deben ser ajustados retroactivamente desde 2020, utilizando el IPC como referencia en lugar de las fórmulas de movilidad previsional que se aplicaron durante ese período. Según estimaciones preliminares de economistas, esta medida podría beneficiar a más de 5 millones de jubilados y pensionados, muchos de los cuales han visto cómo sus ingresos se deterioraban frente a una inflación que, aunque desacelerada en 2024 (cerró en un 2,7% mensual en octubre pasado), acumuló tasas altísimas en años anteriores. Por ejemplo, entre 2020 y 2023, la inflación promedio anual superó el 50%, mientras que los ajustes previsionales no siempre acompañaron ese ritmo, dejando a muchos jubilados en una situación de vulnerabilidad.
Para los beneficiarios, el fallo es una luz de esperanza. Marta, una jubilada de 72 años de La Plata, compartió su alegría en redes sociales: “Por fin alguien se acuerda de nosotros. Con lo que cobro apenas llego a fin de mes, y ahora tal vez pueda comprar algo más que fideos”. Su historia es la de millones: según datos del INDEC, el 40% de los jubilados argentinos vive por debajo de la línea de pobreza, y la canasta básica para una persona mayor supera los $250.000 mensuales en 2025. Si el ajuste por IPC se aplica, los haberes podrían aumentar entre un 20% y un 30% en promedio, dependiendo del caso, lo que significaría un alivio real para quienes dependen de estos ingresos para sobrevivir.
Sin embargo, la alegría de los jubilados choca de frente con las preocupaciones del gobierno. El equipo económico de Milei, liderado por el ministro de Economía Luis Caputo, ha hecho del superávit fiscal su bandera principal desde que asumió en diciembre de 2023. En 2024, Argentina logró cerrar el año con un superávit primario de $600.000 millones, un hito que el presidente celebró como “la base para una economía sana”. Pero el fallo judicial podría poner en riesgo ese equilibrio. Según cálculos de la consultora EconViews, el costo fiscal de aplicar el ajuste retroactivo podría rondar los $2 billones, una cifra que equivale a casi el 1,5% del PBI proyectado para 2025. Esto sin contar los intereses y los costos administrativos que implicaría implementar la medida.
El gobierno no tardó en reaccionar. En una conferencia de prensa ayer lunes, Caputo aseguró que están “evaluando todas las opciones legales” para apelar el fallo, argumentando que su implementación podría “desestabilizar” las cuentas públicas. “Logramos un superávit fiscal después de décadas de descontrol, y no vamos a tirar eso por la borda. Vamos a defender la sostenibilidad del Estado, pero también los derechos de los jubilados”, dijo, intentando equilibrar un discurso que no suene insensible ante un sector tan golpeado. Sin embargo, en redes sociales, muchos usuarios criticaron la postura oficial, acusando al gobierno de priorizar los números por encima de las necesidades de los más vulnerables. “¿De qué sirve el superávit si mi abuela no puede comprar sus remedios?”, escribió un usuario en X, reflejando un sentimiento compartido por muchos.
Desde el lado de los expertos, las opiniones están divididas. Algunos economistas, como Juan Pablo Di Pace, advierten que el fallo podría tener un efecto inflacionario si el gobierno decide financiar el ajuste emitiendo dinero o aumentando impuestos. “Si la ANSES no tiene los fondos para pagar esto, el Tesoro va a tener que salir a buscarlos, y eso puede generar presión sobre el dólar o los precios”, explicó Di Pace en una entrevista radial. Otros, como la economista Marina Dal Poggetto, consideran que el impacto podría ser manejable si se negocia un cronograma de pagos escalonados. “No es la primera vez que el Estado enfrenta un fallo de este tipo. Se puede implementar de forma gradual para no desfinanciar otros programas sociales”, señaló.
El fallo también reaviva un debate más profundo sobre el sistema previsional argentino. Durante años, los jubilados han sido uno de los sectores más afectados por las crisis económicas recurrentes del país. Entre 2015 y 2020, los haberes perdieron un 20% de poder adquisitivo real, según un informe de la Universidad de Buenos Aires, y las sucesivas reformas previsionales no lograron revertir esa tendencia. El gobierno de Alberto Fernández, por ejemplo, suspendió la fórmula de movilidad en 2020 y aplicó ajustes discrecionales que fueron duramente cuestionados, mientras que la gestión de Milei ha priorizado la austeridad fiscal sobre la recomposición de los ingresos jubilatorios. En este contexto, el fallo judicial aparece como un intento de corregir una deuda histórica, pero también como un desafío para un sistema que parece incapaz de garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
A nivel político, el tema promete calentar el ambiente en un año que ya viene cargado de tensiones. Con las elecciones legislativas de 2025 a la vista, la oposición –especialmente el peronismo y sectores de izquierda– ha encontrado en el fallo una oportunidad para criticar al gobierno de Milei. “Es una vergüenza que un gobierno que dice defender a los trabajadores se niegue a pagar lo que les corresponde a nuestros abuelos”, declaró un diputado de Unión por la Patria en un acto reciente en Avellaneda. Por su parte, el oficialismo intenta mantener la calma, pero fuentes internas admiten que el fallo podría afectar su imagen entre un sector clave del electorado: los mayores de 65 años, que representan casi el 20% de los votantes.
Mientras tanto, los jubilados esperan con ansiedad los próximos pasos. La ANSES tiene 30 días para presentar un recurso de apelación ante la Corte Suprema, pero si el fallo se confirma, el organismo deberá comenzar a recalcular los haberes y abonar las diferencias, un proceso que podría tomar meses. Para muchos, como Marta y sus pares, cada día de espera es un día más de incertidumbre. “Ojalá esto salga pronto, porque no sé cuánto tiempo más voy a poder esperar”, escribió en su último mensaje en X.
El fallo judicial sobre los haberes jubilatorios no solo sacude a la ANSES, sino que pone a prueba la capacidad del gobierno de Milei para equilibrar sus promesas de austeridad con las demandas sociales de un país que sigue lidiando con las cicatrices de décadas de crisis. En un contexto global complicado, con eventos como el apagón masivo en España y Portugal que afecta a los mercados internacionales, Argentina enfrenta una vez más el desafío de resolver sus problemas internos sin perder de vista el panorama externo. ¿Podrá el gobierno encontrar una solución que satisfaga a los jubilados sin comprometer su plan económico? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: esta discusión está lejos de terminar.
