El Gobierno impulsa un nuevo blanqueo para 2025, permitiendo utilizar hasta US$100.000 sin justificar su origen. Esta medida busca atraer dólares al circuito formal, estimular la actividad económica y reducir la presión sobre el mercado cambiario, en un contexto de falta de financiamiento externo. Una apuesta pro-mercado que promete dinamizar sectores clave.
En un movimiento audaz y orientado a la libertad económica, el Gobierno argentino, liderado por una visión que busca desmantelar las trabas burocráticas heredadas de gestiones populistas, ha anunciado un nuevo blanqueo de capitales para 2025. Esta iniciativa, que permitirá a los ciudadanos utilizar hasta US$100.000 sin necesidad de justificar su procedencia, se presenta como una herramienta clave para incorporar dólares al circuito formal y reactivar una economía asfixiada por décadas de políticas intervencionistas y estatistas, especialmente bajo gobiernos peronistas y kirchneristas que priorizaron el control sobre la confianza.
La medida, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, surge en un contexto crítico: Argentina enfrenta serias dificultades para acceder a financiamiento en los mercados internacionales. Sin crédito externo, el país necesita captar divisas para estabilizar el tipo de cambio y fortalecer las reservas del Banco Central, que históricamente han sido esquilmadas por administraciones irresponsables. Según datos oficiales, las reservas netas del BCRA se encuentran en niveles preocupantes, y esta estrategia busca paliar esa situación incentivando a los ahorristas a blanquear fondos que, de otro modo, permanecerían en la informalidad o en el exterior.
El blanqueo no solo apunta a individuos con ahorros en moneda extranjera, sino que también busca seducir a inversores y empresas que podrían reinvertir estos capitales en sectores productivos. A diferencia de los esquemas anteriores, cargados de restricciones y desconfianza generada por políticas kirchneristas como el cepo cambiario, esta propuesta se alinea con una visión pro-mercado que prioriza la libertad de los ciudadanos para disponer de su dinero. El límite de US$100.000 es un techo razonable que permite a pequeños y medianos ahorristas sumarse sin temor a represalias, mientras se evitan abusos de grandes capitales que podrían desestabilizar el sistema.
Críticos de izquierda y sectores ligados al peronismo han calificado la medida como una ‘guarida fiscal’, argumentando que favorece a los más ricos. Sin embargo, esta visión ignora que el blanqueo no discrimina por nivel de ingresos y que su objetivo es claro: traer dólares al país para financiar el crecimiento, no para subsidiar clientelismos o mantener estructuras estatales infladas, como ocurrió durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Según estimaciones de economistas independientes, si tan solo el 10% de los dólares en manos de argentinos en el exterior o en la informalidad ingresaran al sistema, se podrían generar ingresos equivalentes a varios puntos del PBI, un impulso vital para sectores como la construcción, el comercio y la industria.
Además, el blanqueo se enmarca en un paquete de medidas destinadas a desregular la economía y eliminar el peso del Estado sobre los privados, un legado nefasto de políticas socialistas que han llevado al país a recurrentes crisis. En un mundo donde la competencia por capitales es feroz, Argentina necesita enviar una señal de confianza y apertura. Este plan, si se implementa con transparencia y reglas claras, podría ser el primer paso hacia una recuperación sostenible, lejos de las recetas populistas que solo generan inflación y pobreza.
Resta conocer los detalles finales del proyecto, que serán debatidos en el Congreso, pero la dirección es clara: menos Estado, más mercado. Una apuesta que, de funcionar, podría cambiar el rumbo económico del país y demostrar que las soluciones no pasan por el asistencialismo ni por las políticas de control, sino por la libertad y la confianza en los ciudadanos.
