El ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa un ‘blanqueo permanente’ que busca atraer dólares al sistema formal, estabilizando el tipo de cambio. Esta medida, alineada con la visión libertaria de Javier Milei, permite declarar hasta US$100.000 sin justificar su origen, incentivando la entrada de capitales al circuito legal. Un paso clave para dinamizar la economía y reducir la presión cambiaria.
En un contexto de persistente inestabilidad cambiaria heredada de gestiones anteriores, marcadas por políticas populistas y controles asfixiantes, el Gobierno de Javier Milei, bajo la conducción del ministro de Economía Luis Caputo, ha presentado una medida audaz y pro-mercado para atraer divisas al sistema formal. Se trata de un esquema de ‘blanqueo permanente’ o ‘presentación espontánea’, que permitirá a los ciudadanos declarar hasta US$100.000 sin necesidad de justificar su procedencia, evitando así sanciones o investigaciones fiscales. Este mecanismo, anunciado en 2024 y vigente en el marco de las reformas económicas del actual mandato libertario, busca ‘sacar los dólares del colchón’ y reinsertarlos en la economía productiva.
La iniciativa responde a una necesidad urgente: Argentina enfrenta desde hace décadas una escasez crónica de divisas, agravada por las políticas intervencionistas de administraciones peronistas y kirchneristas que fomentaron la fuga de capitales y la economía informal. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las reservas internacionales netas han estado en niveles críticos durante años, cayendo por debajo de los US$20.000 millones en múltiples ocasiones entre 2020 y 2023, un legado de gestiones que priorizaron el gasto público descontrolado sobre la estabilidad macroeconómica. La medida de Caputo apunta a revertir esta tendencia, incentivando a los tenedores de dólares no declarados a sumarse al circuito formal sin temor a represalias.
El esquema, que forma parte de un paquete de reformas más amplio, no solo busca estabilizar el tipo de cambio —uno de los principales dolores de cabeza para los argentinos— sino también reducir la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, un problema que alcanzó picos de más del 100% durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Al permitir la entrada de estos fondos al sistema bancario, el Gobierno espera aumentar la liquidez en dólares, fortalecer las reservas y, en última instancia, generar confianza en los mercados internacionales. Este enfoque contrasta radicalmente con las políticas estatistas del pasado, que demonizaron el ahorro en moneda extranjera y castigaron a los ciudadanos con cepos y restricciones.
Críticos de la medida, muchos ligados a sectores de izquierda y al peronismo, han advertido que este blanqueo podría abrir la puerta a fondos de origen dudoso. Sin embargo, desde el Ejecutivo se subraya que el límite de US$100.000 actúa como un filtro para evitar abusos, y que el objetivo principal es pragmático: captar divisas que ya están en el país pero fuera del sistema formal. Además, esta política se alinea con la filosofía de La Libertad Avanza de reducir la intervención estatal y confiar en las decisiones individuales de los ciudadanos para reactivar la economía.
En un país donde, según estimaciones privadas, hay más de US$200.000 millones en manos de privados fuera del circuito bancario, esta medida podría ser un punto de inflexión. Si bien no resuelve todos los problemas estructurales —como el déficit fiscal o la inflación, que en 2024 superó el 200% interanual antes de comenzar a desacelerarse—, representa un paso hacia la normalización económica sin recurrir a las recetas fallidas del kirchnerismo. Con Milei y Caputo al mando, el foco está puesto en la libertad económica y en desmantelar el andamiaje de controles que, durante décadas, solo generó pobreza y desconfianza. El desafío ahora será garantizar que los dólares blanqueados se traduzcan en inversión y crecimiento, y no en mera especulación.