El Gobierno de Javier Milei justificó el lanzamiento de un virtual blanqueo de dólares, permitiendo regularizar hasta US$100.000 sin justificar origen. La medida busca inyectar liquidez al mercado y dinamizar una economía estancada por décadas de políticas intervencionistas. ‘La economía necesita más nafta para crecer’, afirmó el Ejecutivo, marcando un giro hacia la libertad financiera.
En un contexto de restricciones históricas y una economía asfixiada por regulaciones, el Gobierno de Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, ha anunciado una medida audaz para revitalizar el mercado: un virtual blanqueo de dólares que permitirá a los ciudadanos regularizar hasta US$100.000 sin necesidad de justificar el origen de los fondos. Este plan, presentado como una herramienta para ‘poner más nafta al motor de la economía’, busca atraer capitales que hoy permanecen fuera del circuito formal, incentivando su ingreso al sistema financiero.
La iniciativa, liderada por el Ministerio de Economía bajo la gestión de Luis Caputo, surge en un momento crítico. Argentina enfrenta desde hace años una escasez de divisas, agravada por políticas populistas del pasado, especialmente durante las gestiones peronistas y kirchneristas, que promovieron controles de cambio y restricciones al acceso al dólar. Estas medidas, lejos de resolver los problemas estructurales, generaron un mercado paralelo con una brecha cambiaria que alcanzó picos históricos del 200% entre el dólar oficial y el blue. Según datos del Banco Central, las reservas internacionales netas han estado en niveles críticos, rondando los US$25.000 millones a fines de 2024, un número insuficiente para cubrir las obligaciones externas.
El blanqueo, que algunos analistas denominan ‘neo blanqueo’, no solo apunta a captar dólares escondidos bajo el colchón o en guaridas fiscales, sino también a enviar una señal clara de confianza al mercado. ‘Es un paso hacia la desregulación y la libertad económica, algo que el país necesita desesperadamente después de décadas de socialismo y estatismo’, afirmó un vocero del Gobierno. La medida contrasta radicalmente con las políticas de los gobiernos anteriores, como los de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, cuyos cepos y trabas al comercio exterior ahuyentaron inversiones y fomentaron la fuga de capitales.
Desde el Ejecutivo se enfatizó que este blanqueo no es un premio a la evasión, sino una oportunidad para que los argentinos se integren a una economía más transparente y competitiva. Además, se espera que los fondos regularizados impulsen el consumo y la inversión en sectores clave como la construcción y la tecnología, que han sufrido el impacto de la inflación crónica, que en 2024 superó el 200% interanual según el INDEC.
Sin embargo, la medida no está exenta de críticas. Algunos sectores de la oposición, ligados al peronismo y al kirchnerismo, argumentan que podría beneficiar a quienes operaron en la ilegalidad, perpetuando desigualdades. Desde el Gobierno libertario se rechazan estas acusaciones, destacando que el objetivo es pragmático: ‘No podemos seguir con recetas fracasadas que solo enriquecieron a una casta política mientras el pueblo se empobrecía’, aseguró un funcionario cercano a Milei.
El blanqueo de dólares se enmarca en una serie de reformas promercado que el Gobierno de La Libertad Avanza viene impulsando desde su asunción en diciembre de 2023, incluyendo la reducción de subsidios y la apertura comercial. Con un límite de US$100.000 por persona, esta medida podría movilizar miles de millones de dólares en los próximos meses, según estimaciones de consultoras privadas como EconViews, que proyectan un ingreso de entre US$5.000 y US$10.000 millones al circuito formal. En un país donde el 40% de la economía opera en negro, según datos del Fondo Monetario Internacional, este blanqueo representa un intento de romper con un círculo vicioso de desconfianza y estancamiento.
El desafío ahora será garantizar que los fondos regularizados se traduzcan en crecimiento real y no en mera especulación. Mientras tanto, el Gobierno de Milei reafirma su compromiso con la libertad económica, marcando un distanciamiento definitivo de las políticas intervencionistas que, a su juicio, hundieron a Argentina en la crisis más prolongada de su historia.
