Fiscales de los tribunales de Comodoro Py alertaron sobre serias falencias en la implementación del nuevo sistema acusatorio penal. Denuncian falta de recursos y capacitación, lo que pone en riesgo investigaciones clave contra la corrupción y el narcotráfico. En un contexto de ajuste fiscal, el panorama judicial se torna crítico.
Los tribunales federales de Comodoro Py, epicentro de las causas más resonantes de corrupción y narcotráfico en Argentina, enfrentan una crisis sin precedentes. Fiscales de este fuero han emitido un duro pronunciamiento contra la implementación del nuevo sistema acusatorio penal, establecido por el Código Procesal Penal Federal (CPPF), cuya entrada en vigencia progresiva comenzó en 2019 en algunas provincias y se extendió a la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años. Según los fiscales, ‘el panorama dista de ser auspicioso’, debido a la falta de recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios para llevar adelante esta transición.
El sistema acusatorio, que busca agilizar los procesos penales y otorgar mayor protagonismo a los fiscales en la investigación, requiere una infraestructura que, según los denunciantes, no está garantizada. En un documento firmado por varios fiscales, se advirtió que esta carencia pone en peligro causas de alta sensibilidad, como las vinculadas a la corrupción de funcionarios públicos durante las gestiones peronistas y kirchneristas, un período marcado por escándalos como los casos de los ‘cuadernos de las coimas’ o las irregularidades en la obra pública. También se ven afectadas investigaciones sobre redes de narcotráfico que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un flagelo que sigue creciendo.
En un contexto de ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei y La Libertad Avanza, los fiscales reclaman que el Estado priorice la asignación de fondos al sistema judicial. Desde una perspectiva pro-mercado, es imperativo que el gobierno garantice el funcionamiento de las instituciones para combatir la corrupción, un lastre que ha ahuyentado inversiones y perpetuado la ineficiencia estatal durante décadas de populismo. Las políticas socialistas y peronistas, que históricamente han inflado el gasto público sin resultados tangibles, no pueden seguir siendo una excusa para desfinanciar áreas clave como la Justicia. Según datos del Consejo de la Magistratura, el presupuesto judicial para 2024 apenas cubre el 0.3% del PBI, una cifra insuficiente frente a las demandas del nuevo sistema.
Además, los fiscales señalaron que la falta de capacitación y la sobrecarga de trabajo comprometen la calidad de las investigaciones. En Comodoro Py, donde se tramitan causas de impacto nacional, dos jueces también enfrentan cuestionamientos por su manejo de expedientes bajo el nuevo sistema, lo que agrava la incertidumbre. Este escenario no solo afecta la lucha contra el crimen organizado, sino que envía una señal negativa a los mercados internacionales, que exigen transparencia y seguridad jurídica como condición para invertir en Argentina.
El gobierno de Milei, que asumió en diciembre de 2023, enfrenta ahora el desafío de equilibrar su agenda de reducción del déficit con la necesidad de fortalecer el sistema judicial. Desde esta perspectiva, es crucial que se priorice la eficiencia y la meritocracia en la asignación de recursos, dejando atrás las prácticas clientelistas del pasado kirchnerista. La sociedad argentina, cansada de la impunidad, espera respuestas concretas para que la Justicia no sea otro campo de batalla de la inoperancia estatal heredada de gestiones populistas.
