Los trabajadores judiciales de Córdoba comenzaron un paro de 38 horas este miércoles, exigiendo mejoras salariales y laborales. Junto a otros gremios estatales, marcharán el jueves hacia la sede de Apross, la obra social provincial, para visibilizar su reclamo. El conflicto, que incluye tensiones con el Tribunal Superior de Justicia, afecta la atención en tribunales y genera preocupación en el sector legal.
Los empleados judiciales de la provincia de Córdoba, representados por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), iniciaron este miércoles un paro de 38 horas como medida de fuerza para reclamar mejoras salariales y condiciones laborales. La protesta, que se extenderá hasta el jueves, incluye una movilización conjunta con otros sindicatos estatales hacia la sede de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross), donde buscarán visibilizar sus demandas ante las autoridades provinciales.
El conflicto se enmarca en una serie de tensiones entre los trabajadores judiciales y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ha advertido sobre posibles sanciones a quienes participen en las medidas de fuerza. Según un comunicado de AGEPJ, las amenazas del TSJ no han hecho más que intensificar el malestar de los empleados, quienes denuncian que las recientes recategorizaciones laborales son insuficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. En Argentina, la inflación interanual superó el 200% en 2023, según datos del INDEC, lo que ha impactado gravemente los salarios del sector público.
La medida de fuerza ha generado un impacto significativo en el funcionamiento de los tribunales de Córdoba, con una atención limitada a guardias mínimas. Esto ha llevado al Colegio de Abogados de la provincia a expresar su preocupación y a solicitar al TSJ que se reconsidere la posibilidad de restablecer la atención plena en los juzgados, argumentando que la situación afecta el acceso a la justicia de los ciudadanos. Según reportes locales, miles de trámites y audiencias han quedado suspendidos durante estas 38 horas de paro.
El reclamo de los judiciales no es un caso aislado. Otros gremios estatales de Córdoba, como los docentes y trabajadores de la salud, han manifestado su apoyo a la protesta y se sumarán a la marcha del jueves. Los sindicatos coinciden en señalar que la falta de diálogo con el gobierno provincial, encabezado por Martín Llaryora, agrava la situación. En este contexto, los trabajadores exigen no solo incrementos salariales, sino también mejoras en la obra social Apross, que ha sido criticada por demoras en la atención y falta de cobertura en algunos servicios.
Este conflicto se produce en un momento de creciente tensión social en Argentina, donde los ajustes económicos y la inflación han generado numerosas protestas en distintos sectores. En Córdoba, una de las provincias más pobladas del país con más de 3,5 millones de habitantes según el censo de 2022, los trabajadores estatales representan un porcentaje significativo de la fuerza laboral, lo que hace que sus reclamos tengan un impacto directo en la vida cotidiana de la población. Mientras tanto, el gobierno provincial aún no ha emitido una respuesta oficial sobre las demandas de los judiciales, aunque se espera que la marcha del jueves pueda abrir un canal de negociación.
La situación sigue siendo incierta, y tanto los trabajadores como las autoridades del Poder Judicial se encuentran en un punto de fricción que podría prolongarse si no se llega a un acuerdo. Por ahora, los ciudadanos cordobeses enfrentan las consecuencias de un sistema judicial parcialmente paralizado, mientras los gremios redoblan su apuesta para ser escuchados.
