El gobierno argentino impulsa un nuevo régimen de blanqueo de capitales que permite regularizar hasta US$ 100.000 sin necesidad de justificar su origen. Esta medida busca atraer dólares al circuito formal, incentivando a quienes guardan ahorros fuera del sistema a incorporarlos a la economía. ¿Qué implicaciones tiene esta política y cómo podría impactar en las reservas y el PBI?
En un contexto de crisis económica y restricciones cambiarias, el gobierno de Argentina ha anunciado un nuevo esquema de blanqueo de capitales, conocido como ‘presentación espontánea’, que permitirá a los ciudadanos regularizar hasta US$ 100.000 sin la obligación de justificar el origen de los fondos. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Economía bajo la gestión de Luis Caputo, tiene como objetivo principal captar los dólares que permanecen fuera del sistema formal, ya sea en efectivo bajo el colchón o en cuentas no declaradas, y reinsertarlos en la economía local.
El blanqueo forma parte de una estrategia más amplia de bimonetarismo, que busca aumentar la circulación de dólares dentro del país para aliviar la presión sobre las reservas internacionales del Banco Central, que a principios de 2023 se encontraban en niveles críticos. Según datos del BCRA, las reservas netas han fluctuado en los últimos meses, y el gobierno espera que esta medida contribuya a engrosarlas, aunque los expertos advierten que el impacto podría ser limitado si no se acompaña de políticas de confianza a largo plazo.
El mecanismo de ‘presentación espontánea’ establece que los contribuyentes podrán declarar estos fondos pagando una alícuota reducida, aunque los detalles específicos sobre los porcentajes y plazos aún no han sido completamente definidos por la AFIP. Una vez regularizados, los dólares podrían destinarse a diversas actividades económicas, como inversiones en proyectos productivos, pago de deudas o consumo, lo que podría tener un efecto positivo en el Producto Bruto Interno (PBI), que en 2022 registró un crecimiento del 5.2% pero enfrenta proyecciones más conservadoras para 2023 debido a la inflación y la sequía.
Sin embargo, esta medida no está exenta de críticas. Algunos analistas y sectores de la oposición consideran que este tipo de blanqueo puede ser interpretado como una ‘guarida fiscal’, ya que beneficia a quienes han evadido controles tributarios en el pasado. Además, señalan que el límite de US$ 100.000 podría no ser suficiente para captar grandes capitales, mientras que otros advierten sobre el riesgo de que estos fondos se utilicen para especulación en lugar de inversión productiva.
A nivel histórico, Argentina ha implementado blanqueos similares en el pasado, como los de 2016 y 2020, con resultados dispares. En 2016, bajo la gestión de Mauricio Macri, se regularizaron más de US$ 116.000 millones, un récord en la historia del país, aunque no todos esos fondos se tradujeron en un impacto económico sostenido. El gobierno actual espera replicar ese éxito, pero el contexto de alta inflación —que superó el 140% interanual en 2023— y la desconfianza en las políticas económicas podría ser un obstáculo.
En resumen, este nuevo blanqueo de capitales representa una apuesta del gobierno por atraer dólares al sistema formal y reactivar la economía, pero su éxito dependerá de la confianza que logre generar entre los ahorristas y de las medidas complementarias que se implementen para garantizar que estos fondos se destinen a fines productivos. Mientras tanto, el debate sobre la ética y la eficacia de estas políticas continúa abierto en el ámbito político y económico del país.
