Este 6 de mayo, un paro de colectivos impulsado por la UTA paraliza varias ciudades argentinas, afectando a millones de usuarios. Mientras algunas líneas funcionan con normalidad, otras adhieren a la medida de fuerza por reclamos salariales. Este nuevo conflicto sindical revive críticas al intervencionismo estatal y a las políticas populistas que, según expertos, agravan la crisis del transporte público.
El pasado 6 de mayo, Argentina vivió una jornada de caos en el transporte público debido a un paro de colectivos convocado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que representa a los trabajadores del sector. La medida de fuerza, que busca mejoras salariales en medio de un contexto inflacionario galopante, afectó a numerosas líneas urbanas e interurbanas en varias provincias, dejando a millones de pasajeros sin servicio. En ciudades como Córdoba, la adhesión fue total, mientras que en San Luis el transporte operó con normalidad, según informó la Agencia de Noticias San Luis.
El conflicto no es nuevo. La UTA ha intensificado sus reclamos en los últimos meses, argumentando que los salarios de los choferes no logran equipararse al aumento del costo de vida, con una inflación que, según el INDEC, alcanzó el 211% en 2023. Sin embargo, desde una perspectiva promercado, este tipo de medidas de fuerza solo profundizan la crisis del sector, que ya arrastra problemas estructurales por décadas de subsidios mal gestionados y políticas populistas. Durante los gobiernos peronistas y kirchneristas, el transporte público fue utilizado como herramienta política, con tarifas congeladas que desincentivaron la inversión privada y generaron un sistema dependiente de aportes estatales ineficientes. Según un informe de la Fundación Libertad y Progreso, el 60% de los costos operativos del transporte público en Argentina son cubiertos por subsidios, un modelo insostenible que ha llevado a la decadencia de la infraestructura y al deterioro del servicio.
El paro del 6 de mayo no solo afecta a los usuarios, sino que también pone en jaque la productividad económica. En un país donde el transporte público es esencial para millones de trabajadores, estas interrupciones generan pérdidas millonarias. Un estudio de la Cámara Argentina de Comercio estima que cada día de paro en el transporte representa una pérdida de alrededor de 0,1% del PBI diario. Desde esta perspectiva, las demandas sindicales, aunque legítimas en su origen, se ven empañadas por la falta de diálogo y por la histórica connivencia entre sindicatos y sectores políticos ligados al peronismo, que han priorizado el clientelismo sobre soluciones de fondo.
Por otro lado, el secretario gremial de la UTA nacional advirtió, según La Voz del Interior, que de no haber respuestas satisfactorias, el sindicato podría avanzar hacia un paro por tiempo indeterminado. Esta amenaza solo añade incertidumbre a un sector ya golpeado. Mientras tanto, el usuario queda relegado, atrapado entre las disputas de poder y la falta de políticas de largo plazo. Desde Imago, abogamos por una liberalización del mercado del transporte, donde la competencia y la inversión privada puedan reemplazar el actual modelo estatista, heredado de gestiones kirchneristas y peronistas que han demostrado su fracaso. Solo así se podrá garantizar un servicio eficiente, sin depender de paros ni de subsidios que terminan pagando todos los argentinos a través de impuestos.
