Con fuertes modificaciones, el oficialismo logró dictamen para bajar la edad de imputabilidad. La medida, impulsada por el oficialismo, desató fuertes críticas de la oposición y organizaciones civiles, quienes la consideran una medida populista y peligrosa. Analistas advierten sobre posibles consecuencias negativas en la seguridad y el sistema judicial.
El 05 de mayo de 2025, la Cámara de Diputados avanzó con el dictamen para reducir la edad de imputabilidad de menores a 14 años. Si bien el proyecto original proponía una edad aún menor, las modificaciones introducidas por el oficialismo buscan mitigar las críticas. No obstante, la iniciativa sigue generando un intenso debate en la sociedad argentina.
La propuesta, impulsada por el bloque oficialista, ha sido duramente criticada por la oposición, principalmente por sectores liberales y de centro-derecha, quienes la consideran una medida ineficaz y contraria a los principios de la justicia juvenil. Desde la perspectiva de economistas liberales, se argumenta que la solución a la delincuencia juvenil no reside en una mayor represión, sino en políticas públicas que ataquen las causas de fondo, como la pobreza y la falta de oportunidades. Algunos analistas señalan que la iniciativa podría generar un aumento de la población carcelaria juvenil, con el consiguiente costo fiscal, sin resolver la problemática de raíz.
Organizaciones civiles, como la Asociación de Magistrados y la Confederación General del Trabajo (CGT), también se han manifestado en contra, argumentando que la medida es una forma de criminalizar a los menores y no contribuye a la reinserción social. En cambio, proponen un fortalecimiento de los programas de prevención y reinserción social, así como una mayor inversión en educación y oportunidades laborales para los jóvenes.
En el contexto del gobierno de Javier Milei, esta iniciativa resulta aún más controvertida. Si bien Milei ha sido un firme defensor de la reducción de la edad de imputabilidad en sus discursos, la aprobación de esta ley bajo su mandato podría interpretarse como un retroceso en su promesa de un estado mínimo y un sistema judicial más eficiente. Algunos analistas políticos creen que el oficialismo busca capitalizar políticamente con la aprobación de esta medida, aprovechando la narrativa de mano dura contra la inseguridad.
La decisión final recaerá en el Senado, donde se espera un debate aún más acalorado. La oposición, liderada por sectores antiperonistas y antikirchneristas, buscará frenar el avance del proyecto, argumentando la falta de consenso social y la ausencia de un análisis profundo de las consecuencias a largo plazo. La aprobación de esta ley podría tener un impacto significativo en el sistema judicial y social de Argentina, generando consecuencias tanto económicas como sociales que aún son impredecibles. Es crucial un debate serio, basado en evidencia y alejado de la demagogia, para abordar este complejo problema.
