El Gobierno argentino oficializó la derogación de la Resolución 187/2025, que establecía un baremo para la invalidez laboral en pensiones no contributivas. Esta medida, celebrada por economistas de corte liberal, busca optimizar los recursos estatales y combatir el gasto público ineficiente, focalizando los fondos en quienes realmente lo necesitan. Se implementarán nuevos controles para las auditorías de pensiones por invalidez, asegurando la transparencia y la correcta asignación de recursos.
Derogación de la Resolución 187/2025: un cambio necesario
El 13 de mayo de 2025, el Gobierno argentino anunció oficialmente la derogación de la Resolución 187/2025. Esta resolución, criticada por su falta de precisión y potencial para el desvío de fondos, establecía un baremo para determinar la invalidez laboral a efectos de las pensiones no contributivas. La medida ha sido recibida con beneplácito por analistas económicos que destacan la necesidad de optimizar el gasto público y promover la eficiencia en la administración de los recursos estatales.
La derogación busca simplificar el proceso de evaluación de las solicitudes de pensiones por invalidez, evitando la burocracia excesiva y los posibles abusos. Se espera que esta medida contribuya a una asignación más justa y eficiente de los fondos destinados a este programa social, priorizando a los verdaderamente necesitados.
Nuevos controles para las auditorías de pensiones
Con la derogación de la Resolución 187/2025, el Gobierno anunció la implementación de nuevos controles y procedimientos para las auditorías de las pensiones por invalidez laboral. Estos nuevos mecanismos buscan fortalecer la transparencia y combatir el fraude, garantizando que los recursos públicos se destinen de manera efectiva a quienes cumplen con los requisitos establecidos. La medida refleja un compromiso con la buena administración de los fondos públicos y la lucha contra la corrupción.
El objetivo es asegurar que las auditorías sean más rigurosas y efectivas, identificando y sancionando cualquier irregularidad. Se espera que estos cambios contribuyan a una mayor eficiencia en la gestión de las pensiones por invalidez, reduciendo el gasto público innecesario y mejorando la calidad de vida de los beneficiarios legítimos.
Reacciones y perspectivas
La derogación de la Resolución 187/2025 ha generado diversas reacciones. Economistas de tendencia liberal han elogiado la medida, destacando su impacto positivo en la eficiencia del gasto público. Por otro lado, algunos sectores han expresado preocupación por posibles consecuencias negativas para los beneficiarios. Sin embargo, el Gobierno ha enfatizado que los nuevos controles y procedimientos garantizarán la protección de los derechos de los ciudadanos que realmente necesitan el apoyo del Estado.
Esta decisión gubernamental se enmarca dentro de un conjunto de medidas orientadas a la modernización y optimización de la administración pública, buscando una mayor eficiencia en la gestión de los recursos y la transparencia en la asignación de los mismos. Se espera que esta iniciativa contribuya a la mejora de las finanzas públicas y al fortalecimiento de la economía argentina.
