El gobierno nacional avanza en la concesión de tramos de autopistas, generando debate sobre la eficiencia y los potenciales riesgos de la privatización de infraestructura crítica. Analizamos los proyectos para la circunvalación de Rosario y otros corredores viales, considerando las implicancias económicas y sociales de estas decisiones.
Concesiones viales: un paso hacia la modernización o la privatización?
El gobierno argentino ha iniciado el proceso de concesión de un tramo de la autopista a Buenos Aires, específicamente la circunvalación de Rosario, según se anunció el 19 de mayo de 2025. Esta medida, parte de un plan mayor que abarca más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, ha generado un intenso debate sobre los beneficios y las potenciales desventajas de la privatización de la infraestructura vial.
Si bien el gobierno argumenta que estas concesiones son necesarias para modernizar la red vial del país y mejorar la eficiencia del transporte, las críticas se centran en la posibilidad de que se priorice el lucro privado por sobre el interés público. La falta de transparencia en algunos procesos y la preocupación por el aumento de los peajes son algunos de los puntos que preocupan a los detractores.
Detalles del proyecto de la circunvalación de Rosario
La concesión del tramo de la autopista en Rosario se enmarca dentro de un plan más amplio de modernización de la infraestructura vial. El objetivo es mejorar la conectividad, reducir los tiempos de viaje y fomentar el desarrollo económico de la región. Sin embargo, la falta de información pública detallada sobre los términos de la concesión genera incertidumbre y desconfianza.
Es crucial analizar si las empresas privadas que se hagan cargo de la gestión de estas rutas tendrán el incentivo para realizar las inversiones necesarias en mantenimiento y mejoras, o si primarán sus intereses económicos a corto plazo. La experiencia en otros países con modelos similares demuestra la necesidad de una regulación estricta y un control riguroso para evitar abusos.
Privatizaciones y el impacto social
La decisión de concesionar rutas nacionales, y la aceleración del plan para cerrar Corredores Viales, suscita preocupaciones sobre el impacto social de estas medidas. El aumento de los peajes puede afectar la economía de las familias y las empresas, especialmente en zonas con menor poder adquisitivo. Es fundamental que el gobierno garantice la accesibilidad a la infraestructura vial para todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico.
A lo largo del mes de mayo de 2025, se han realizado varias convocatorias a audiencias públicas para discutir la privatización de rutas nacionales, incluyendo la ruta 226. Estas audiencias, si bien son un paso necesario para la transparencia, no siempre garantizan la participación efectiva de la ciudadanía y la consideración de sus preocupaciones.
Conclusión: un camino incierto
El plan de concesiones viales del gobierno plantea un panorama complejo. Si bien la modernización de la infraestructura es necesaria, es fundamental que se garantice la transparencia, la participación ciudadana y la protección del interés público en todo el proceso. La falta de información detallada y la preocupación por el aumento de los peajes generan incertidumbre sobre el futuro de la red vial argentina y la equidad en el acceso a la misma.
