La tensión en el Poder Judicial de Córdoba se intensifica con nuevos paros del gremio de judiciales, llevando a propuestas de declarar la emergencia judicial. Mientras tanto, la AGEPJ confirma su participación en la mesa de negociación convocada por el Ministerio de Trabajo, buscando una solución al conflicto que paraliza la actividad judicial. El Colegio de Abogados exige una pronta resolución, alertando sobre el colapso del sistema.
Paros y negociaciones en el Poder Judicial de Córdoba
La provincia de Córdoba enfrenta una profunda crisis en su sistema judicial, marcada por una serie de paros por parte del gremio de judiciales, la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ). Estos paros, que han generado una significativa paralización de la actividad judicial, han llevado a una situación de tensión y preocupación generalizada.
El 23 de mayo de 2025, una Asamblea General Extraordinaria de la AGEPJ confirmó la participación del gremio en la mesa de negociación convocada por el Ministerio de Trabajo. Esta decisión, aunque representa un paso hacia el diálogo, no garantiza una rápida solución al conflicto. Las demandas de los judiciales aún no han sido completamente detalladas públicamente, pero se espera que incluyan mejoras salariales y condiciones laborales.
Preocupación por el colapso del sistema judicial
La situación ha generado una profunda preocupación en diferentes sectores. El Colegio de Abogados de Córdoba ha expresado su alarma por el impacto negativo de los paros en la administración de justicia, exigiendo una solución urgente para evitar un colapso total del sistema. Diversos medios de comunicación, incluyendo La Voz del Interior, Página 12, Perfil y Cadena 3 Argentina, han informado sobre la gravedad de la situación y las propuestas para mitigar el impacto.
Ante la creciente ineficiencia del sistema, se ha propuesto declarar la emergencia judicial en Córdoba. Esta medida, aunque excepcional, se considera necesaria por algunos para restablecer el orden y la operatividad del Poder Judicial. La implementación de esta emergencia requeriría una decisión política de alto nivel, con implicaciones significativas en la gestión de recursos y la asignación de prioridades.
Análisis de la situación
La crisis judicial en Córdoba refleja una problemática más amplia relacionada con la gestión de los recursos públicos y la negociación colectiva en el sector público. La falta de una solución rápida y efectiva podría tener consecuencias negativas de largo plazo en la administración de justicia, afectando la confianza ciudadana y la seguridad jurídica de la provincia. Es fundamental que las partes involucradas prioricen el diálogo constructivo y busquen soluciones que beneficien a todos los actores del sistema.
Conclusión
La situación en el Poder Judicial de Córdoba es compleja y requiere una respuesta inmediata y efectiva. La mesa de negociación convocada por el Ministerio de Trabajo representa una oportunidad para encontrar una solución consensuada, pero la presión por declarar la emergencia judicial refleja la gravedad de la crisis. El seguimiento de las negociaciones y la evolución de la situación serán cruciales para determinar el futuro del sistema judicial cordobés.