La falta de respuesta del Gobierno nacional a la crisis en el sector de la discapacidad desata movilizaciones en Rosario y todo el país. Organizaciones reclaman la urgente aprobación de la Ley de Emergencia, denunciando la falta de recursos y la precaria situación de miles de personas con discapacidad. El silencio oficial genera malestar y preocupación.
Situación crítica en Rosario
La ciudad de Rosario se encuentra en medio de una profunda crisis en el sector de la discapacidad. Organizaciones sociales denuncian la falta de respuestas del Gobierno nacional, señalando un “silencio total” ante el reclamo por la declaración de emergencia en la materia. Esta situación afecta a miles de personas con discapacidad y sus familias, quienes enfrentan dificultades para acceder a servicios esenciales como atención médica, terapias y equipamiento.
El reclamo se intensifica con marchas y protestas en la ciudad, exigiendo una solución inmediata a la problemática. La falta de recursos y la precaria situación del sector son las principales preocupaciones.
Movilización nacional
Rosario no está sola en esta lucha. A nivel nacional, se han llevado a cabo diversas manifestaciones, incluyendo una marcha en el Congreso el 27 de mayo de 2025, para presionar por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Esta ley busca brindar soluciones urgentes a la crisis, garantizando el acceso a recursos y servicios necesarios para las personas con discapacidad.
Diversos medios de comunicación, como Infobae, Tiempo Argentino, La Voz del Interior y La Capital, han informado sobre las jornadas de protesta a lo largo del país, resaltando la gravedad de la situación y la necesidad de una respuesta inmediata del Gobierno.
El paro nacional del 27 de mayo de 2025, que paralizó actividades en todo el país, refleja la magnitud de la crisis y la desesperación del sector. La falta de pagos y la precaria situación económica de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad agravan aún más el problema.
El silencio del Gobierno
La falta de respuesta del Gobierno nacional genera un profundo malestar y preocupación. La ausencia de soluciones concretas y el silencio oficial ante las demandas del sector son criticados por las organizaciones sociales, quienes reclaman una mayor intervención del Estado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Mientras la crisis persiste y las movilizaciones se intensifican, la presión sobre el Gobierno para que tome medidas urgentes y apruebe la Ley de Emergencia en Discapacidad aumenta.
Impacto económico y social
La falta de inversión en el sector de la discapacidad tiene un profundo impacto económico y social. No solo afecta la calidad de vida de miles de personas, sino que también impacta en la economía familiar y en el desarrollo social del país. Una política social eficiente y responsable es crucial para la inclusión de las personas con discapacidad y su plena participación en la sociedad.
