La Cámara Federal suspendió mediante un auto el decreto promulgado por el Jefe de Estado que pretendía suprimir la institución encargada del control en las concesiones vialicias, evitando así una mayor desordenamiento en el sistema carretero. Este fallo representa una contención importante frente a medidas tendientes a desconocer marcos legales establecidos.
En una decisión que ha generado amplio respaldo institucional, la Cámara Federal de Justicia dictaminó este jueves un auto que suspende el decreto del Presidente de la Nación promulgado mediante el cual pretendía disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La medida cautelar se inscribe en el contexto de garantizar continuidad procesal y normativa en una materia tan sensible como son las concesiones vialicias.
El fallo, que fue dictado a solicitud del Ministerio Público Fiscal, impide la inmediata aplicación del mandato presidencial. En declaraciones a este medio horas después de conocida la resolución judicial, un funcionario clave del área jurídica señaló: “Esta suspensión es fundamental para mantener el ordenamiento legal vigente y proteger los intereses públicos que defiende la DNV”.
La Dirección Nacional de Vialidad fue creada mediante Decreto Nro. 108/2007, institución que ostenta el control regulatorio en las concesiones para infraestructura vial del país. Su existencia es un pilar fundamental para garantizar la seguridad vial y los estándares de calidad en autopistas.
En declaraciones a Palabras del Derecho, la presidenta del tribunal oral que dictó el fallo manifestó: “El decreto presentado infringe claramente al artículo 62 de nuestra Constitución. La continuidad administrativa y jurídica no puede ser interrumpida por una medida unilateral en materia tan relevante como son los controles vialicios”.
La suspensión del decreto impide la inmediata disolución del organismo que, hasta el momento de esta publicación, sigue siendo responsable de dictaminar sobre las inversiones privadas en infraestructura carretera. Los operadores del sistema vial nacional expresaron su alivio por la medida judicial, considerándola como una salvaguarda necesaria.
La Justicia Federal actúa con prontitud y determinación ante medidas que podrían afectar derechos fundamentales de los ciudadanos en materia seguridad vial. Este caso demuestra nuevamente el compromiso del sistema jurídico argentino con la protección de las instituciones estatales.
