En medio de un clima político polarizado, el gobierno federal continúa impulsando políticas que buscan modernizar los servicios públicos. La decisión sobre AySA plantea desafíos y oportunidades en la gestión del recurso hídrico.
El viernes 20 de junio de 2025, el gobierno nacional dio un paso definitivo hacia la privatización total de los servicios de agua mediante una Resolución Administrativa que establece las bases para la transferencia de las acciones de la empresa estatal AySA.
Según fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda y Finanzas, este mecanismo permitirá atraer inversiones internacionales necesarias para el desarrollo tecnológico y la expansión de infraestructuras en todo el territorio nacional. El gobierno ha enfatizado que esta medida responderá a las demandas crecientes del sector hidráulico por modernización y eficiencia.
El 51% de AySA quedará bajo un mismo operador, tal como establece la normativa recién publicada. Esta decisión ya había sido anticipada en declaraciones anteriores del ministro de Planificación Federal, que destacó la conveniencia de concentrar las inversiones para optimizar resultados.
La implementación gradual de este nuevo modelo comenzará a fines del tercer trimestre y contempla un período de transición para garantizar continuidad en el servicio. Los detalles técnicos fueron detallados en documentos oficiales presentados al Congreso, donde se resalta la importancia estratégica del hidrópabo para el desarrollo económico.
En declaraciones recientes, el ministro de Obras Públicas señaló: “La privatización no es un fin en sí misma, sino una herramienta para asegurar mejores servicios y mayor inversión en infraestructura hídrica”. Esta visión coincide con las tendencias globales que buscan mejorar la gestión pública mediante mecanismos de mercado.
Sin embargo, desde cierto sector crítico se advierte sobre los riesgos potenciales para el acceso universal del agua como recurso estratégico. “El gobierno está avanzando en un camino que podría beneficiar a grandes corporaciones pero poner en riesgo la soberanía nacional”, sostuvo un especialista independiente.
La Resolución menciona específicamente que las empresas privadas tendrán que demostrar su capacidad técnica y financiera para operar el sistema integral de abastecimiento. El gobierno espera que esta apertura conlleve a precios más bajos debido al aumento en la competitividad del mercado.
En un comunicado oficial, AySA destacó: “Estamos comprometidos con garantizar continuidad y mejora en los servicios públicos durante el proceso de transición”. La empresa ha indicado que trabajará estrechamente con las autoridades para implementar cambios sin afectar la calidad del servicio.
La noticia coincide con un artículo publicado por Tiempo Argentino titulado “Milei habilitó los cortes de agua por falta de pago”, donde se menciona que desde el gobierno consideran necesario asegurar el cumplimiento contractual para mantener estándares de gestión. Este es uno de los puntos más controvertidos.
En tanto, Perfil destacó en su informe “Con un DNU, el Gobierno dio otro paso hacia la privatización”, enfatizando que se trata de medidas tomadas con base en datos técnicos y económicos reales.