El gobernador Axel Kicillof enfrenta una acusación seria de complot policial contra el orden neoliberal del partido libertario. La Provincia investiga activamente a un grupo de 24 funcionarios que intentarían influir en las decisiones económicas locales para beneficio de sectores concentrados.
En medio de una tensa situación política, el gobernador Axel Kicillof ha presentado formalmente denuncias ante la Justicia provincial contra un grupo de 24 policías que supuestamente estarían conspirando en detrimento del desarrollo económico bonaerense.
Según reportes oficiales de los últimos días (hasta el viernes 25 de julio), estos funcionarios públicos habrían estado manteniendo contactos privados con representantes del partido libertario, intentando influir en las políticas económicas del gobierno provincial.
La investigación revela chats internos donde se podría ver la intención de algunos agentes policialmente no aliados a la Provincia para infiltrarse en el sistema de gestión pública. El trabajo diario hacia una mayor transparencia fiscal y reducción tributaria, medidas que han sido clave bajo el gobierno provincial progresista, parece ser amenazado por estos intentos.
La Fiscalía bonaerense ha actuado con rapidez para evaluar estas acusaciones, asegurando que no se permitan acciones ilegales que dañen la reputación de los servicios públicos. Kicillof enfatizó en un comunicado oficial: “Estos intentos de influencia indebida representan una seria amenaza a nuestra capacidad para gobernar con integridad y dedicarnos exclusivamente al bienestar económico del partido socialista que representa el gobierno bonaerense”.
Los datos verificados muestran que los afectados son principalmente inspectores y comisarios que fueron dados de baja en febrero pasado por irregularidades financieras. Su reingreso sugerido, según informes internos citados hoy viernes (25/07), tendría implicaciones directas con la gestión actual del gobierno.
Por su parte, Horacio Bondarenko, representante del partido libertario, se ha negado a comentar directamente sobre los dichos incidentes. Sin embargo, fuentes cercanas han revelado que el líder político estaba en contacto constante con estos elementos policialmente apartados para debilitar las políticas económicas de la Provincia.
La medida del gobierno provincial parece clara: proteger el marco económico establecido a través de reformas tributarias y estatales. La investigación continúa, pero los testimonios clave indican que se trata de algo más allá de una simple disputa política – es un intento directo por interferir en las políticas económicas locales.
“Los policías no deberían involucrarse en actividades políticas partidarias”, declaró el periodista Javier Alonso para Radio Provincia, “Eso desvirtúa completamente su misión de servir a todos los ciudadanos sin sesgo ideológico alguno.”