El presidente Miguel Uribe Turbay, exgobernador de Antioquia y candidato a la presidencia para las elecciones de 2026, falleció el 5 de agosto de 2025 tras un atentado con armas de fuego que ocurría en Medellín. La noticia ha conmocionado al país y a la comunidad internacional, que ha expresado su solidaridad y lamentación por la pérdida de un líder político.
El 5 de agosto de 2025 Miguel Uribe Turbay, figura destacada del Partido de la Razón y exgobernador de Antioquia, fue asesinado en un atentado de alta violencia en Medellín, cuando salía de su vehículo frente a la sede de campaña. Las autoridades llegaron al lugar segundos después de recibir la llamada de la policía y encontraron al candidato con heridas múltiples en la cabeza y el tórax. Miguel Uribe sufrió la muerte en la Clínica del Hospital San José a las 9:45 a.m. a causa de sus lesiones. El operativo se llevó a cabo con la participación de la Policía y la Fiscalía, aunque al día de hoy todavía no se ha identificado al autor del ataque ni se cuatan sospechosos con pruebas concluyentes. El presidente Gustavo Petro expresó su tristeza y la solidaridad del Estado con la familia Uribe, invitando a la población a la unidad y el respeto frente a la violencia. Líderes del Congreso y de la oposición, entre los que se encuentran la senadora María Claudia Tarazona, pronunciaron palabras de condolencia y repudiación al crimen. Tarazona hizo un llamado a la unión, paz y amor y sostuvo que ningún acto de venganza tiene lugar en la política colombiana. En las redes sociales y durante los medios, el mensaje de la paz resonó frente al dolor de una nación que ha sufrido repetidos atentados a lo largo de la historia, entre los que se destacan los de 2013 y 2015 cuando varios candidatos fueron asesinados, y el de 2018 en que el ex presidente Álvaro Uribe y su hermano José Miguel fueron atacados. La muerte de Miguel Uribe Turbay recuerda la fragilidad de la democracia colombiana y la urgencia de fortalecer la seguridad electoral. Las autoridades han indicado que se abrirá una investigación de carácter penal y militar, se recopilarán las pruebas disponibles y se garantizará la protección de la familia y de los candidatos próximos a las elecciones de 2026. Los cuerpos de los funcionarios, la presión internacional y el deseo de una justicia pronta obligan al Estado a actuar con la máxima transparencia. A la espera de conclusiones, la comunidad internacional, incluida la Organización de Estados Americanos y la ONU, ha extendido su consuelo y ha reafirmado su compromiso con la protección de los líderes políticos en Colombia.