La Cámara de Diputados envía 25 preguntas al Ejecutivo para esclarecer responsabilidades tras las 96 fallecidas por un fármaco adulterado, provocando una investigación y nuevas demandas de víctimas.
El 12 de agosto de 2025, la Policía Federal confirmó que 96 personas en todo el país habían perdido la vida tras consumir fentanilo contaminado, con restos de una sustancia peligrosa detectada en los envases.
Para contestar a la creciente presión, el Presidente declaró que el Gobierno inició una investigación conjunta con la Policía y la Administración Federal de Medicamentos, y envió a la Cámara de Diputados 25 preguntas críticas que exigen un análisis profundo de los protocolos de trazabilidad y control.
Familias de las víctimas, como las que en Córdoba solicitaron una investigación formal del caso del paciente que murió tras recibir un marcapasos en un sanatorio, siguen pidiendo justicia. En la provincia, la causa de la muerte será investigada por la Justicia Superior, tras el testimonio de la familia de dos fallecidos que reclaman una causa relacionada con el fármaco contaminado.
Las autoridades han señalado que las autoridades sanitarias ya suspendieron la distribución del lote de fentanilo cuestionado y que se han reforzado los controles de calidad en los puntos de venta.
El gobierno, aunque no ofrece una estrategia completa, continúa con la misma táctica de la campaña De Vido, presionando a los jueces involucrados, especialmente al juez Kreplak, en una búsqueda de rendición de cuentas. La Cámara de Diputados ha solicitado respuestas antes de finales de la semana, y la Fiscalía General ya está investigando la posible negligencia administrativa.
En la actualidad, se proyecta una audiencia en el Congreso el 20 de agosto en la que el Fiscal General presentará un informe preliminar de sus hallazgos. Los derechos de las víctimas y sus familiares están siendo considerados en la reforma de las normas de trazabilidad de los medicamentos.
Esta crisis se convierte en un punto de inflexión para la política sanitaria argentina, obligando a los responsables a implementar cambios sustanciales en los sistemas de control de fármacos para evitar futuras tragedias.
Las autoridades convocan el 15 de agosto a una sesión pública con expertos médicos y representantes de la industria farmacéutica, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y la transparencia en el uso de sustancias controladas.
Mientras tanto, el sector privado también se prepara para adaptar sus procedimientos de importación y venta.
La comunidad internacional observa la situación con preocupación, anticipando una revisión de los estándares globales de distribución de opioides.
Este caso es un llamado a la acción para Argentina y una advertencia global sobre el riesgo de la adulteración de fármacos críticos.