Desde la caída de Morales en 2019, comunidades indígenas de Bolivia han expresado su desilusión al percibir que el Movimiento al Socialismo no cumplió sus promesas, generando tensiones entre el sector indígena y el gobierno actual.
Contexto histórico
Los pueblos indígenas han sido pieza clave en la política boliviana desde la década de 2000, cuando el Movimiento al Socialismo (MAS) consolidó su influencia en apoyo de las demandas de tierras, agua y autonomía cultural. La figura de Evo Morales, de origen indígena, fue un símbolo de esta alianza política.
Evolución de la relación a lo largo de los años
En 2019, tras una segunda reelección acusada de fraude electoral, Morales renunció y se exilió, quedando en ese momento la confianza de muchos grupos indígenas herida. La crisis de legitimidad provocó que comunidades que antes apoyaban firmemente al MAS se sintieran abandonadas.
En 2020, el MAS volvió al poder con Luis Arce, manteniendo la promesa de continuidad de las políticas de inclusión social. Sin embargo, la agenda de gobierno se vio marcada por la escasez de alimentos, la crisis del agua y la protección de la selva, temas cruciales para los pueblos originarios.
Descontento actual
En 2021 y 2022, distintas comunidades de la región andina realizaron marchas y manifestaciones en las que expresaron la frase: Nos traicionaron, señalando que las propuestas de desarrollo sostenible y la reforma agraria no se habían ejecutado conforme a los acuerdos previos. Se denuncian también la falta de participación en la negociación de la nueva ley de agua, que otorga privilegios a la industria.
Implicaciones políticas y sociales
El sentimiento de traición afecta la relación entre el sector indígena y el gobierno, generando protestas que llegan a la capital y a varios pueblos principales. La pérdida de fe en el MAS está alterando la dinámica política del país y la forma en que los pueblos originarios organizan sus demandas frente a los nuevos procesos electorales que se acercan.
Resumen
En síntesis, la desilusión de los indígenas en Bolivia refleja la evolución de la política de inclusión social en el país y señala la necesidad de que el gobierno actual reconvenga el compromiso con los pueblos originarios para evitar una crisis más profunda.