El 18 de agosto la Suprema Corte declaró nulo el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, garantizando fondos urgentes y apoyo inmediato a personas con discapacidad en situaciones críticas. Decisión que refuerza los derechos constitucionales y asegura una respuesta rápida ante emergencias.
Decisión que cambia el panorama de los derechos de las personas con discapacidad
El pasado lunes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró nulo el veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con esta medida se asegura el acceso rápido a recursos, asistencia médica y apoyo logístico para personas con discapacidad durante situaciones de crisis, desde desastres naturales hasta emergencias sanitarias.
Contexto del veto presidencial
El presidente, ante el riesgo de inflar el presupuesto estatal, impuso un veto a la ley en su fecha de promulgación. La legislación, que había sido aprobada por el Congreso el 5 de julio de 2025, establecía un fondo para la pronta movilización de servicios de emergencia y la asignación de personal especializado en atención de discapacidad.
La interpretación de la Corte Suprema
Los jueces argumentaron que el veto infringía el derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación, al impedir la aplicación de salvaguardias diseñadas por especialistas en la materia. Además, señalaron que la ley se alinea con directivas internacionales de derechos de las personas con discapacidad y con los compromisos de Argentina en tratados multilaterales.
Implicaciones futuras
La anulación del veto establece un precedente para que futuras iniciativas enfocadas en la inclusión y la protección de grupos vulnerables sobrepongan obstáculos gubernamentales de carácter fiscal. La ley ahora podrá implementarse en tiempo real, con la asignación de recursos en las primeras 48 horas tras la declaración de una emergencia.
Reacciones del sector
Representantes de organizaciones de personas con discapacidad, expertos en derechos humanos y funcionarios de salud se mostraron optimistas, resaltando la importancia de una respuesta coordinada entre gobiernos locales y nacionales para proteger a los más vulnerables.