La Corte Suprema declaró inconstitucional la medida del presidente Javier Milei de retirar su veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que promete recursos y apoyos esenciales para personas con discapacidad. El fallo reafirma la separación de poderes y abre el camino para que la legislación entre en vigor, beneficiando a miles de dependientes en todo el país.
El 25 de agosto de 2023 la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina emitió un fallo que anuló el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, aprobada por el Congreso el 27 de julio de 2023, fue objeto de oposición por parte del presidente, quien ejecutó su veto el 29 de julio.
La Ley de Emergencia en Discapacidad tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad al asignar recursos estatales para la adquisición de dispositivos de asistencia, la adaptación de espacios públicos y la promoción de la inclusión social. El proyecto incluía un presupuesto de 6 mil quinientos millones de pesos, destinado a cubrir subsidios mensuales y a financiar tecnologías de asistencia para más de 600 mil beneficiarios.
Reacción política y social
El fallo generó una ola de elogios entre sindicatos de trabajadores con discapacidad, organizaciones de derechos humanos y diversos políticos, que vieron en la decisión una victoria para la protección de los derechos de los marginados. De hecho, varios legisladores, entre ellos miembros del Partido Justicialista y de la coalición de la oposición, expresaron su apoyo a la declaración de inconstitucionalidad.
El propio presidente Milei, quien defendió su veto argumentando que la ley excedía las competencias legislativas, se mostró aludido al declarar que la situación requeriría una revisión constitucional. No obstante, la Corte concluyó que la ley no estaba en conflicto con la Constitución y que, al tratarse de un asunto de derecho y beneficencia, el veto no era procedente.
Impacto y proyecciones
Con la eliminación del veto, la Ley de Emergencia en Discapacidad ahora puede ser firmada y poner en marcha sus disposiciones en las siguientes semanas. Este proceso incluye la asignación de fondos al banco de la Nación y la distribución de subsidios a los ciudadanos beneficiados. Se espera que la normativa produzca un efecto inmediato en la calidad de vida de los habitantes con discapacidad, al facilitar la contratación de dispositivos de asistencia y la habilitación de viviendas.
La decisión tiene repercusiones también en la dinámica entre los poderes ejecutivo y legislativo, subrayando la necesidad de respetar los límites constitucionales y la legitimidad de los procesos legislativos. La Corte Suprema dejó claro que la inconstitucionalidad del veto no equivale a una reforma de la Ley, por lo que la legislación permanecerá en su forma original.
Si bien la firma oficial de la ley se estima para finales de agosto, el debate entre la gestión gubernamental y la comunidad con discapacidad continuará. Organizaciones como la Confederación Argentina de Personas con Discapacidad han pedido que el gobierno aumente la inversión destinada a la cobertura de tratamientos y asistencia técnica, con la intención de maximizar el impacto social del proyecto.