El 25 de agosto de 2023 la Corte Suprema confirmó la anulación del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, garantizando la aprobación de la normativa que beneficia a más de 600 000 personas con discapacidad y otorga subsidios y dispositivos de asistencia para el día a día. Con la norma aprobada a principios de agosto 2025, el Gobierno tiene imperativo firmado y en ejecución.
El fallo de la Corte Suprema y el avance de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El 25 de agosto de 2023 la Corte Suprema de Argentina confirmó la anulación del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, un paso que dio cumplimiento a la normativa aprobada por el Congreso el 27 de julio y que contempla la entrega de subsidios y dispositivos de asistencia a más de 600.000 personas con discapacidad.
El proyecto, que contó con un presupuesto de 6 mil quinientos millones de pesos, fue aprobado en la segunda sesión de la Cámara de Representantes y luego en la del Senado, y tras el veto de Javier Milei el 29 de julio 2023 el tribunal llegó a reconocer su indisponibilidad de empujar su veto por su incongruencia con la Constitución. Con el fallo de la Corte, el expediente volvió a la Mesa Ejecutiva del Gobierno, que deberá firmar la ley y ponerla en marcha en agosto de 2025, tal como establece el reglamento.
Beneficios y alcance del proyecto
La ley contempla:
- Subsidios mensuales a familias con personas con discapacidad.
- Asignación de dispositivos de movilidad y asistencia técnica.
- Programas de inclusión laboral y educación adaptada.
Con una base de beneficiarios mayor a 600 mil, la iniciativa apunta a mejorar sustancialmente la calidad de vida y la autonomía de las personas que viven con discapacidad en todo el país.
Reacciones y próximos pasos
La oposición pidió una sesión extraordinaria para discutir los vetos y las disposiciones que generan controversia. Los defensores del proyecto señalan que la legislación representa un hito legal que fortalece los derechos de este segmento de la población.
En la agenda del Gobierno, además de la firma de la ley en agosto, se proyecta la publicación de un plan de implementación y la capacitación de profesionales en derechos de discapacidad para garantizar la correcta aplicación de la normativa.