El presidente Luis Caputo enfrenta la presión de un operativo de seguridad tras la difusión de los registros de Karina Milei el 22 de agosto de 2025, en medio de un escándalo de audios de coimas que sacudió a la Junta de Desarrollo Social (ANDIS).
Escándalo de audios de coimas
El 12 de agosto de 2025 surgió la primera filtración de registros que vinculan a funcionarios de ANDIS con supuestas coimas. En los mensajes interceptados se menciona un monto de 2.5 millones de pesos y se alude a la participación de altos cargos. La polémica escaló cuando el 22 de agosto de 2025 la Junta de Gobierno publicó los chats de Karina Milei, los cuales fueron usados para divulgar la existencia de los pagos ilícitos.
Reacción de la presidencia
Ante la creciente controversia, el presidente Luis Caputo realizó un discurso el 23 de agosto de 2025 frente a la Bolsa de Comercio de Rosario. En el acto expresó su rechazo a las acusaciones y convocó a una conferencia de prensa el mismo día para aclarar que la actuación del gobierno es transparente y legal. El mismo día, Milei presentaría un veto sobre la ley de emergencia en discapacidad, veto que fue rechazado por el Congreso el 20 de agosto.
Operativo de seguridad
La divulgación de los audios desencadenó la implementación de un operativo de seguridad en la Presidencia. Se informó que un contingente de agentes de la Guardia Nacional y de la policía fiscal se colocó en la Estancia y en los puntos estratégicos de la capital para proteger a los funcionarios y evitar cualquier intento de sabotaje. El operativo incluye un sistema de monitoreo avanzado de señales de radio y vigilancia de redes sociales.
Contexto histórico: Ley de emergencia en discapacidad
La polémica también se cruzó con la lucha por la ley de emergencia en discapacidad, que fue aprobada el 27 de julio de 2023 con un presupuesto de 6.5 mil millones de pesos y beneficio directo a 600.000 personas con discapacidad. El veto presidencial del 20 de agosto de 2025 fue rechazado por el Congreso y posteriormente anulado por la Corte Suprema el 25 de agosto de 2025, confirmando la constitucionalidad de la medida.
Implicaciones políticas y sociales
Tras la difusión de los audios, la asistencia de la ciudad de Misiones y la opinión de la sociedad civil se movieron a favor de una investigación exhaustiva. La oposición exigió la destitución de los servidores públicos implicados y la independencia de la justicia. La respuesta de Milei fue de defensa contundente: “Vinimos para que no nos roben más”, afirma que la sanción será proporcional y los responsables quedarán sujetos a las leyes vigentes.