En la última semana se difundieron audios que han puesto en cuestión las relaciones de la familia Milei con una obra social vinculada a la droguería Suizo Argentina. Al mismo tiempo, el gobierno mantiene procesos judiciales y legislativos que buscan reforzar la transparencia y el cumplimiento de la normativa sobre ayudas a la discapacidad.
Contexto
El 27 de julio de 2023 se aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad, con un presupuesto de 6,5 billones de pesos y 600.000 beneficiarios. En 2025 se presentaron nuevas propuestas de asistencia a personas con discapacidad el 19 de agosto, mientras el presidente Milei vetó el proyecto el 20 de agosto, decisión que fue rechazada por el Congreso el mismo día y anulado por la Corte Suprema el 25 de agosto.
Escándalo de audios
El 12 de agosto de 2025 se liberaron audios que supuestamente muestran coimas de la obra social vinculada a la droguería Suizo Argentina. Entre las personas implicadas se cita a Karina Milei, esposa del presidente, y a la figura denominada Lule Menem. La Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar la veracidad de las reclamaciones y la posible participación de los familiares de alto rango.
Incautaciones y denuncias oficiales
En 2023, la AFIP incautó más de 1,7 millones de dólares relacionados con transacciones de la obra social. El 21 de agosto de 2025, el ex jefe de seguridad de Nordelta, Spagnuolo, fue desvinculado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con su puesto investigado por posibles vínculos indebidos con la empresa Suizo Argentina.
Repercusiones jurídicas y presidenciales
El veto presidencial al proyecto de asistencia fue rechazado por el Congreso el mismo día y posteriormente anulado por la Corte Suprema. El presidente Milei ha señalado que las investigaciones se realizan dentro del marco de la ley y que no ha recibido ninguna acusación formal que le vincule directamente con la operativa de la obra social.
Situación actual y perspectiva
Las autoridades continúan investigando los vínculos entre la familia Milei, la obra social y la droguería Suizo Argentina. El proceso judicial tiene por objetivo garantizar la transparencia en la gestión de recursos públicos y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.