El reciente retiro de Diego Spagnuolo y la destitución de funcionarios en la Agencia de Discapacidad (ANDIS) marcan un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción en el sector salud, con un compromiso renovado con la eficiencia y la integridad.
La Agencia de Discapacidad (ANDIS) ha sufrido una reorganización profunda tras la divulgación de audios que implicaban a su director, Diego Spagnuolo, en negociaciones de sobornos con laboratorios de salud. En 12 de agosto de 2025 se difundieron las grabaciones, lo que generó indignación pública y la inmediata intervención del Ministerio de Salud.
El 19 de agosto se presentó la propuesta de asistencia a la discapacidad, la cual buscó ampliar la cobertura y mejorar los servicios para los beneficiarios.
El 20 de agosto, el presidente Milei emitió un veto sobre el programa, el cual fue rechazado el mismo día por el Congreso, reforzando la voluntad legislativa de seguir adelante con la expansión del sistema.
El 21 de agosto, con el fin de asegurar la continuidad y la gobernanza adecuada, se destituyó a Spagnuolo del cargo de director del organismo.
El 25 de agosto, la Corte Suprema anuló el veto presidencial, validando la continuidad del programa de asistencia y garantizando los recursos destinados a los más necesitados.
Estas medidas, tomadas dentro del marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada el 27 de julio de 2023 con un presupuesto de 6,5 mil millones de pesos y pensada para beneficiar a 600,000 personas, reflejan un compromiso firme con la protección y la transparencia en el sector salud. A través de una gobernanza clara y la supervisión constante, el gobierno avanza hacia un modelo de gestión que promueve la integridad y el bienestar social.