Con una maniobra judicial de primer orden, el fiscal Jorge Fontevecchia presentó el día 3 de septiembre de 2025 la apelación que intenta anular la orden cautelar que prohíbe la difusión de los audios que fueron filtrados y que revelan conversaciones internas del Gobierno. Esta operación busca rescatar la libertad editorial y de acceso a la información.
La Orden Cautelar
El día 12 de mayo de 2025 un juez de la jurisdicción civil y penal de la Capital Federal emitió una medida cautelar que restringe la publicación y el acceso a una serie de audios filtrados. Los archivos, grabados en la Casa Rosada, incluyen conversaciones privadas de la esposa de la presidenta y de altos funcionarios del gabinete.
La medida se basó en la protección de la intimidad, la seguridad nacional y la posible difusión de información comprometedora. Según el expediente, la prohibición aplica a medios de comunicación, redes sociales y cualquier plataforma que pueda difundir el contenido.
El Papel de Jorge Fontevecchia
Como jefe del fiscal de la Sección de Delitos Contra la Administración o fiscal de la fiscalía de la Nación, Jorge Fontevecchia ha liderado la investigación sobre la filtración de los audios. El 3 de septiembre de 2025 presentó la apelación ante el tribunal que dictó la medida cautelar.
El recurso busca eliminar la restricción y permitir la difusión de los registros, argumentando que su publicación constituye un ejercicio legítimo de la libertad de prensa y transparencia pública. Asimismo, se sostiene que la medida excede los límites razonables y que no existe riesgo real de perjuicio.
Repercusiones y Perspectivas
Si la apelación se acepta, los audios podrían volverse accesibles a los medios, generando un nuevo debate sobre la gestión interna del Gobierno y la gestión de la información confidencial. Sin embargo, un fallo contrario mantendría la prohibición, reforzando la protección de los datos privados y la confidencialidad de las conversaciones gubernamentales.
La decisión se espera en los próximos días y será monitoreada tanto por partidarios del gobierno como por defensores de la libertad de expresión.