El Gobierno presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, alegando que solicitó allanamientos en puestos de periodistas. La medida, que se presentó el 3 de septiembre de 2025, coincide con la interrogación de Jorge Rial y Mauro Federico por la difusión de audios que denuncian abusos de poder. El caso aviva el debate sobre el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y la protección de la libertad de prensa.
Denuncia penal contra la ministra de Seguridad
El 03/09/2025 el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, recibió una denuncia penal por haber solicitado allanamientos en los puestos de periodistas. La medida, formulada en relación a la supuesta distribución de material confidencial, se presentó ante la autoridad judicial competente.
Contexto de la denuncia
La acusación se alinea con el debate en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, el cual otorga amplios poderes de vigilancia y limita la libertad de reunión. El Congreso sigue revisando una auditoría independiente que busca evaluar los efectos de la propuesta.
Interrogaciones de Jorge Rial y Mauro Federico
El mismo día, Jorge Rial y Mauro Federico fueron interrogados en la Cámara de Diputados tras la denuncia del Gobierno por la difusión de audios que evidencian posibles abusos de autoridad. El gobierno presentó formalmente la denuncia, y ambos medios se comprometieron a presentar pruebas adicionales.
Reacciones y postura política
La oposición ha denunciado una deriva autoritaria y exige la revocación de los permisos de allanamiento. Por su parte, el funcionario Mieli, asociado al gobierno, defendió la medida citando la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana. El gobierno ha señalado que las acciones son parte de una estrategia más amplia de protección de la opinión pública.
Otras iniciativas gubernamentales
En paralelo a la controversia legal, el gobierno inició la revocación de cuatro represas del Comahue el 20/08/2025, con el objetivo de adjudicar las instalaciones antes del 31/12/2025. Se autorizó la venta de acciones de las empresas hidroeléctricas involucradas, y un concurso internacional abierto para la concesión de las represas excluye a las empresas públicas provinciales.
Impacto en la sociedad y la prensa
El caso ha generado preocupación entre periodistas y defensores de la libertad de expresión, quienes consideran que la solicitud de allanamientos podría configurarse como una sanción indebida contra la cobertura mediática. Al mismo tiempo, el debate sobre el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana ha resaltado la necesidad de equilibrar la seguridad con los derechos civiles.