El juez federal Cristina Preska, del tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ordenó el 27 de agosto de 2025 que el Gobierno Nacional entregara la documentación que comprueba la titularidad de los activos de YPF en el país, reforzando el proceso de nationalización impulsado en 2012 y respondiendo a demandas internacionales.
El 27 de agosto de 2025 el juez federal Cristina Preska del tribunal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó una orden que obliga al Ministerio de Economía y al Directorio Ejecutivo de YPF a entregar toda la documentación que evidencia la titularidad de los activos de la compañía en territorio argentino. La medida llega como parte de un proceso judicial que ha intentado clarificar los derechos sobre la empresa estatal que fue nacionalizada en 2012 por la legislatura de la Nación.
Preska citó como objetivo principal el cumplimiento de los acuerdos de arbitraje internacional y las disposiciones de la Ley Nacional de Nacionalización, que establece que los activos pertenecientes al Estado deben contar con pruebas de propiedad. El despacho de la jueza revisará los expedientes de YPF para confirmar que el Estado posee legalmente las facilidades de producción y exploración que la compañía mantiene en el país.
El último fallo refleja la continuidad de la disputa sobre YPF, la cual ha sido objeto de litigios tanto en el ámbito interno como externo. En 2025 el Ministerio de Economía había concluido la reorganización de la deuda de Aconcagua Energia, una filial de YPF, el 30 de agosto de 2025. La entrega de la documentación ordenada por la jueza también se produce justo después de que una corte de EE UU rechazara una solicitud de Argentina para acceder a nuevos datos sobre los activos de YPF. La orden, por tanto, pretende impedir la evasión de datos y garantizar que el gobierno responda ante la comunidad internacional.
La respuesta del Gobierno Nacional a la orden de Preska se centrará en acelerar el proceso de entrega y coordinarse con el ministerio de Finanzas y el Banco Central para responder a la demanda de pruebas de titularidad. Este paso supone un precedente importante, pues si el Tribunal confirma la propiedad estatal de los activos, la operación de nacionalización se consolida y el país podrá avanzar de manera más firme en la recuperación de valor a través de los ingresos que generan YPF.
Mientras tanto, la justicia continúa evaluando otras demandas y revisiones de la empresa. La decisión de Preska fortalece la posición de Argentina frente a la presión de los fondos buitres y refuerza la posición de la compañía como motor de la economía estatal, con descuentos de 6 % a los consumidores en la hora nocturna, programa implementado recientemente el 22 de agosto de 2025 para fomentar el consumo de energía.