El presidente de la Cámara de Diputados recibió a Jorge Rial y al periodista Mauro Federico para escuchar sus explicaciones tras la denuncia del Gobierno sobre la supuesta difusión de audios sensibles del Congreso. Ambos defendieron su integridad y alegaron que la cobertura fue injustificada.
Contexto de la denuncia
El Gobierno ha presentado una denuncia formal a la Cámara de Diputados alegando que Jorge Rial, reconocido locutor, y Mauro Federico, periodista de una cadena importante, difundieron audios grabados en sesiones del Congreso sin autorización. La denuncia se presenta en medio de una polémica más amplia que incluye la reciente propuesta de ley de Seguridad Ciudadana, la cual otorga amplios poderes de vigilancia y restringe la libertad de reunión, y la defensa de las autoridades como Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y Mieli, funcionario del gobierno. El tema ha generado protestas de la oposición que acusan a las autoridades de entrar en una deriva autoritaria.
La audiencia en el Congreso
El día 03 de septiembre de 2025, en la sala de debates, se realizó una audiencia donde ambas figuras ofrecieron sus explicaciones. Jorge Rial afirmó que los audios fueron sacados de su programa sin su autorización y que su difusión se debió a un error de comunicación. Por su parte, Mauro Federico sostuvo que la grabación era parte de un proyecto periodístico y que la publicación se hizo conforme a las normas de prensa. Ambos mantuvieron una postura firme ante las preguntas de los legisladores.
Reacciones de la oposición y de las autoridades
La oposición pidió la apertura de una investigación más exhaustiva y la inclusión de un auditor independiente para determinar la veracidad de los hechos y evitar futuras manipulaciones. Patrícia Bullrich, la ministra de Seguridad, defendió la seguridad ciudadana y aseguró que no se violaría la libre expresión. Mieli, que trabaja como agente de inteligencia, también hizo declaraciones públicas en defensa del gobierno, alegando que la seguridad nacional se veía comprometida. Sin embargo, la ley de Seguridad Ciudadana continúa siendo objeto de debate en el Congreso, donde se ha criticado la posibilidad de abusos de poder.
Impacto en la relación gobierno‑mediática
La audiencia y la denuncia han puesto al frente la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, generando preocupación entre los grupos de presión por los posibles efectos sobre la libertad de prensa y la transparencia. Los especialistas en derecho constitucional señalan que la situación puede provocar cambios en las normativas de difusión y en la regulación de los audios de sesiones parlamentarias.
Pasos a seguir
Se espera que el Congreso continúe con el debate sobre el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y que se inicie una auditoría independiente para investigar la denuncia. Asimismo, se proyecta que los medios y el público evalúen las repercusiones de la polémica en la percepción de la democracia y la transparencia.