El gobierno argentino se prepara para firmar la Ley de Emergencia en Discapacidad después de que la Corte Suprema anuló el veto presidencial. Con un presupuesto de 6,5 bn de pesos, la normativa tiene previsto beneficiar a 600 000 personas, proporcionando subsidios y dispositivos de asistencia. Se espera que finalice la firma en agosto de 2025 tras intensos debates políticos.
Antecedentes Legales
La propuesta fue aprobada por el Congreso el 27 de julio de 2023 con una asignación presupuestaria de 6 500 000 000 pesos y un alcance previsto de 600 000 beneficiarios. Dos días después, el presidente Javier Milei impuso un veto el 29 de julio, generando un debate político de alto perfil.
El 25 de agosto de 2023, la Corte Suprema revocó el veto, declarando que la normativa era constitucional. Este fallo ha reavivado la expectativa de que el Ejecutivo firme la ley dentro de este año.
Contenido de la Ley
La ley contempla:
- Subsidios económicos directos a personas con discapacidad que cubran gastos médicos, educación y equipamiento tecnológico.
- Financiamiento de dispositivos asistenciales como sillas de ruedas, prótesis y equipos de rehabilitación.
- Programas de capacitación laboral orientados a la inclusión profesional de personas con discapacidades.
Plazos y Ejecución
El Ejecutivo debe formalizar el acuerdo y comenzar la ejecución de la norma en agosto de 2025. Se espera que los primeros 12 meses incluyan la distribución de equipos y la implementación de los subsidios, con una fase de seguimiento establecida para asegurar la calidad y la cobertura.
Reacción Social
El avance de la ley coincidió con la visita presidencial a Rosario el 23 de agosto de 2025, donde se registró la participación de 12 000 personas en manifestaciones que criticaron la dirección gubernamental. La presencia de miles de manifestantes resalta el clima de polarización que rodea los temas de derechos sociales y la reforma de infraestructura pública.
Perspectiva Económica
Con un desembolso de 6,5 bn de pesos, la ley representa un importante aporte al presupuesto nacional, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y fomentar la inclusión laboral. La asignación presupuestaria se estima a la mitad de la cifra total del déficit fiscal proyectado para el período 2025‑2029.
Conclusión
La firma de la Ley de Emergencia en Discapacidad se perfila como un hito significativo en la agenda social del país. La implementación exitosa dependerá de una coordinación efectiva entre las agencias ejecutivas, la supervisión parlamentaria y la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil.