Un audio filtrado el 12 de agosto de 2025 acusa a una mujer vinculada a la familia Milei de aceptar una coima para facilitar contrataciones públicas. El contenido, publicado en redes de Uruguay, también indica apoyo de operativos de inteligencia interna. AFIP incautó más de 1,7 millones de dólares en 2023. La fiscalía continúa la investigación mientras la Corte Suprema anula el veto presidencial al proyecto de ley de emergencia en discapacidad.
El 12 de agosto de 2025 un audio surgido de fuentes anónimas llegó a las redes sociales de Uruguay y señala a una mujer vinculada a la familia Milei, incluida la esposa del presidente Javier Milei, como receptora de una coima destinada a facilitar contrataciones del gobierno. En el mismo intercambio se menciona que la operación contó con el apoyo de unidades de inteligencia interna, lo que abre la puerta a una posible investigación de los protocolos de secreto y de la cadena de mando. La fiscalía de la Nación ya ha iniciado la investigación y la denuncia se integra a la ya amplia auditoría de cuentas que sigue al incidente de la incautación de más de 1,7 millones de dólares realizada por AFIP en 2023. Este movimiento de repatriación contó con el control de autoridades financieras y no se ha revelado la fuente original del dinero, aunque la fiscalía apunta a la relación entre el esquema de coimas y contratos públicos de alto valor. El 6 de septiembre de 2025 el mismo audio, ahora atribuido a Karina Milei, fue publicado por un usuario de Twitter de Uruguay y reiteró la acusación contra la unidad de apoyo a la familia Milei. Por su parte la justicia argentina ordenó, a través de un juez de la Nación, el bloqueo total del audio hasta que se concluya el proceso; la audiencia preliminar está prevista para el último trimestre de octubre de 2025. Al mismo tiempo, el Congreso argentino enfrentó otra polémica con el veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. El 20 de agosto de 2025 Milei impuso un veto sobre la propuesta de ley que había sido aprobada el 27 de julio de 2023 por el Congreso. La medida buscaba limitar la asignación de 6,5 billones de pesos destinados a la asistencia de 600.000 beneficiarios; el mismo día el Congreso rechazó el veto. La Corte Suprema el 25 de agosto de 2025 anuló el veto presidencial y reinstauró la aprobación de la ley. El 21 de agosto de 2025 la Fiscalía también investigó la desvinculación de Spagnuolo del cargo de jefe de Seguridad y jefe de logística de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación apunta a una posible relación entre la expulsión y la gestión de contratos públicos del proyecto, con lo que se añade a la lista de hechos que el gobierno debe explicar. Estos desarrollos colocan a la familia Milei, a la familia Menem y a otros funcionarios en el centro de una investigación que combina auditorías financieras, inspecciones de contrato y revisiones de la política pública, mientras el país espera la resolución de estas demandas y el impacto que tendrá en su gobierno.