Los Estados Unidos mantienen su postura crítica tras la sentencia a ex presidente brasileño Jair Bolsonaro y Marco Rubio, senador estadounidense, alabaría una persecución política, generando tensiones en el escenario internacional.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil confirmó la condena de 27 años de prisión a Jair Bolsonaro por su participación en la trama golpista del 8 de noviembre de 2016, en la que se intentó derrocar al gobierno electo. La decisión, publicada el 2 de septiembre de 2025, fue recibida con polémica, tanto en Argentina como a nivel internacional.
En la misma fecha, Estados Unidos expresó su rechazo a la sentencia, calificándola de parcial y de un acto de juicio político. El presidente de la U.S. Embassy en Brasília, Thomas J. White, declaraba que la medida no cumplía con los estándares de justicia internacional.
Al mismo tiempo, el senador Marco Rubio (R‑FL) tomó la palabra frente a los medios. Rubio acusó al gobierno brasileño de llevar a cabo una “persecución” contra los ex funcionarios de Bolsonaro, alegando que la sentencia tiene un carácter político y que viola los derechos humanos.
Paralelamente, se difundieron acusaciones el 2 de septiembre de 2025 de que el propio Rubio habría utilizado inteligencia artificial para generar pruebas digitales falsas en un caso relacionado con Venezuela. La acusación, hecha por un medio independiente, no fue confirmada en fuentes gubernamentales. Al día siguiente, el 3 de septiembre de 2025, Rubio publicó una carta a los medios en la que negaba enérgicamente el uso de tecnología de IA para manipular evidencia y aseguraba que la investigación sobre el asunto había sido cerrada.
La figura de Bolsonaro ya se ha consolidado como símbolo de la polarización política en Brasil. Tras su condena, el ex presidente y varios aliados fueron también multados y castigados: en la misma sentencia se asignaron multas que suman 5 millones de dólares a los funcionarios implicados, además de penas de prisión complementarias.
Esta serie de eventos ha generado un debate intenso en la comunidad internacional, con llamadas a la cooperación judicial y a respetar los tratados de derechos humanos. Mientras tanto, la administración de Trump ha expresado su preocupación por la posible imposición de sanciones económicas a funcionarios brasileños, mientras que el Senado de EEUU se enfrenta a una creciente presión para clarificar su posición.
Mientras tanto, en Venezuela, las tensiones internacionales aumentan tras la publicación de las acusaciones contra Rubio y la sospecha de manipulación tecnológica. El gobierno venezolano responde que no tiene nada que ver con la acusación y que el caso está bajo revisión judicial local.