El presidente Javier Milei, con el ministro de Hacienda Luis Caputo, inició una mesa de trabajo con los gobernadores aliados el 8 de agosto, pero la propuesta que contempla la Ley de Atención a la Necesidad (ATN) fue vetada, intensificando la fricción con las provincias. A la par se registraron movimientos económicos clave que marcan la dinámica del gobierno.
El 8 de agosto, junto al ministro de Hacienda Luis Caputo, el presidente Javier Milei inauguró una mesa de trabajo con los gobernadores aliados, buscando reforzar la coordinación de políticas nacionales y atender los temas prioritarios de las provincias.
Sin embargo, la propuesta que incluye la Ley de Atención a la Necesidad (ATN), destinada a ampliar servicios de salud y bienestar para poblaciones vulnerables, fue vetada por el Ejecutivo, lo que generó un intenso debate sobre la viabilidad y la necesidad de la normativa. El veto se presentó ante el Congreso el 20 de agosto y fue rechazado por la mayoría de los diputados el 21 de agosto; la Corte Suprema, a su vez, anuló el veto el 25 de agosto, obligando al gobierno a reconsiderar la ley.
En paralelo, los 22 y 23 de agosto el Banco de la Nación incrementó la tasa oficial y se registró la venta de dólares para estabilizar la moneda. Durante esos días el dólar oficial se cotizaba a 200 pesos y el blue a 210, manteniendo una diferencia de 10 pesos. El mismo período también estuvo marcado por la liberación de 460 trabajadores, 343 del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y 117 de otros organismos, en respuesta a una convocatoria de disponibilidad forzada.
El debate sobre la Ley de ATN se vio acentuado por la apertura de la mesa de trabajo, ya que muchos gobernadores demandaban garantías de financiamiento para sus programas sociales. La decisión del presidente de vetar la ley, pese a la aprobación de la reforma, provocó que la mayoría de los gobernadores se mostraran reservados y exijieran una ampliación de las dotaciones presupuestarias. Este posicionamiento ha intensificado las tensiones entre el gobierno y los entes federales, lo que podría repercutir en la coordinación de proyectos estratégicos.
En los días siguientes a la reunión, el 10 de septiembre, el gobierno ejecutó una intervención cambiaria que mantuvo el dólar oficial en 1 335 pesos y el blue en 1 345, reduciendo el diferencial a 10 pesos y evitando que el mercado cayera por debajo de 1 350. A nivel macroeconómico, el déficit fiscal se sitúa en el 8,5 % del PIB y las negociaciones sobre la reforma tributaria y laboral continúan en un clima de incertidumbre. Con la reciente apertura de la mesa federal y la decisión de la Corte Suprema, el escenario político se perfila como un punto de inflexión para la convivencia entre el gobierno y las provincias.