El presidente Javier Milei anunció el 20 de agosto de 2025 su veto a la ley de redistribución automática de aportes del Tesoro Nacional, una medida que provocó la reacción de la Asamblea Nacional y la creciente presión de los gobernadores ante la supuesta reducción de recursos para las provincias. La polémica se intensificó cuando el Congreso rechazó el veto dos días después y la Corte Suprema lo anuló en la fecha siguiente.
Contexto del ATN
La ley de redistribución automática del Tesoro Nacional (ATN) fue diseñada para garantizar aportes regulares a los gobiernos provinciales derivados de los ingresos fiscales y de la deuda pública. Su aprobación intentó equilibrar la financiación interregional y evitar la congestión de negociaciones en cada ciclo electoral.
El veto presidencial
El 20 de agosto de 2025, Milei publicó en su canal de comunicación oficial el veto a la normativa, argumentando que la fórmula era insuficiente frente a la crisis fiscal y que requería una revisión integral. El veto generó reacciones inmediatas entre la comunidad política y los gobernadores.
Reacción legislativa y judicial
El 22 de agosto, la Cámara de Diputados y el Senado rechazaron el veto con una mayoría robusta, reactivando la ley con un voto de supermayoría. La decisión fue seguida el 25 de agosto por la Corte Suprema, que anuló el veto presidencial y confirmó la validez de la normativa federal.
Tensión con los gobernadores
Los gobernadores, especialmente de las provincias más dependientes de la financiación central, exigieron una mayor participación en la determinación de los criterios de redistribución. En medio de la controversia, el 22 de agosto se convocó a la Mesa Nacional de Gobernadores, con el objetivo de dialogar sobre posibles ajustes y evitar disputas constitucionales.
Perspectivas a futuro
Con el veto borrado y la ley en vigor, el Ejecutivo mantiene la línea de reformas estructurales para aliviar la presión fiscal. Los gobiernos provinciales, sin embargo, siguen presionando por una ampliación de los aportes, anticipando que la tensión política puede influir en la distribución de recursos en el próximo ejercicio fiscal.