El presidente Javier Milei enfrenta una de las crisis más intensas de su mandato tras que la Corte Suprema anuló su veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en julio de 2023 con un presupuesto de 6 500 000 000 pesos y que contempla ayudas para 600 000 personas. Con la firma de la ley prevista en agosto de 2025, Milei sujeta la agenda a polémicas y manifestaciones.
Antecedentes legales
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El Congreso aprobó las disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad el 27 de julio de 2023 con presupuesto de 6 500 000 000 pesos y una meta de 600 000 beneficiarios. Poco después, el 29 de julio el presidente Milei vetó la norma, alegando incompatibilidad con el marco fiscal.
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El 25 de agosto de 2023, la Corte Suprema anuló el veto, haciendo que la ley retroceda su vigencia y obligación de ser firmada. Se espera que el Ejecutivo complete la firma en agosto de 2025, alineándose con el mandato de la Junta.
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Reacción social y protestas
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El 23 de agosto de 2025, Milei llegó a Rosario, donde 12 000 manifestantes exigieron la firma definitiva de la ley. La visita contó con la presencia de sindicatos, ONG y grupos de defensa de personas con discapacidad, que exigieron recursos urgentes.
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Contexto macroeconómico
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El presidente habló de la subida de tasas de interés y citó al grupo kukas como una de las causas de la inflación. Al mismo tiempo, evitó comentar sobre el escándalo de audios de Spagnuolo y el caso ANDIS, manteniendo un tono de predicción de descenso de tasas tras las elecciones municipales del 7 de septiembre de 2025.
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Impacto político y económico
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La anulación del veto representa una victoria para los campamentos de defensa social y la oposición, mientras que la posición de Milei sigue siendo firme ante los críticos. La asignación de 6 500 000 000 pesos a la ley refleja la prioridad del gobierno en la inclusión de la población con discapacidad.
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Perspectivas de futuro
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Con la firma programada para agosto de 2025, el gobierno debe ejecutar la implementación de servicios de asistencia, dispositivos y subsidios para los más de 600 000 beneficiarios. El éxito de este plan dependerá de la coordinación entre Ministerio de Salud y Ministerio de Economía y la disponibilidad de recursos en el presupuesto nacional.