El 12 de septiembre de 2025 el gobierno nacional aprobó un decreto que redujo a la mitad el fondo de ayuda destinado a los damnificados de Bahía Blanca, tras las fuertes lluvias del 30 y 31 de agosto que provocaron inundaciones que afectaron barrios completos, movilizaron a las brigadas y evacuaron a cientos de residentes. Este recorte plantea interrogantes sobre la capacidad de respuesta ante la emergencia.
Contexto de las inundaciones en Bahía Blanca
Los sábados 30 y domingo 31 de agosto de 2025, la región de Bahía Blanca sufrió lluvias intensas que superaron los 300 mm en algunas áreas, generando inundaciones que afectaron barrios completos. 12 provincias estuvieron bajo alerta, y se reportó la evacuación de cientos de hogares, con daños estimados en infraestructuras públicas y residenciales.
Reacción política y el decreto de recorte del fondo de ayuda
El 12 de septiembre de 2025, el gobierno nacional promulgó un decreto que redujo la mitad el fondo de ayuda destinado a los damnificados de Bahía Blanca, pasando de aproximadamente 500 mil pesos a 250 mil pesos (los valores originales son públicos y se publicarán en la página oficial de la ANSES). La medida se tomó con la intención de reallocar recursos a otras urgencias.
Impacto en la población local
Con la reducción, se estimó que más de 200 familias recibirán menos ayuda del que se pensó originalmente. Los residentes afectados dependen de la nueva asignación para cubrir reparaciones menores, adquisición de materiales y apoyo a la restauración de servicios básicos.
Reacciones y pronunciamientos oficiales
La Dirección General de Servicios Sociales (DGSS) calificó la decisión como “una respuesta breve al desafío de la emergencia” y enfatizó la necesidad de mantener la asistencia. Diversos líderes comunitarios y organizaciones no gubernamentales manifestaron su preocupación por la posible escalada de la crisis al no contar con los fondos necesarios.
Perspectivas de recuperación y próximos pasos
El gobierno anunció que las agencias de prevención y gestión de desastres seguirán realizando evaluaciones, y se espera que el plan de socorro se ajuste conforme vaya fluyendo el flujo fiscal estimado. Se prevé que el Congreso revisará la legislación aplicable en las próximas semanas para asegurar una respuesta integral a las necesidades de la población afectada.