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Ministerio de Economía publica Resolución 1352/2025 que renueva contrato con Sullivan & Cromwell

El Ministerio de Economía abrió hoy el trámite que ratifica y actualiza el acuerdo con el estudio Sullivan & Cromwell para la defensa de la Nación en el litigio con YPF y el caso PBI, estableciendo un honorario de US$1.800 por hora y ampliando las opciones de estrategia legal internacional.

Resolución 1352/2025: un nuevo punto de partida en la defensa de la Argentina

El 15 de septiembre de 2025, el Ministerio de Economía publicó la Resolución 1352/2025, que autoriza la renovación y modificación del contrato con el despacho Sullivan & Cromwell, el estudio legal designado para representar al país en las controversias internacionales vinculadas a YPF y el caso PBI.

Contexto del litigio

Desde 2015, YPF ha enfrentado una serie de demandas y negociaciones con la industria petrolera española, lo que ha generado un proceso legal de larga duración y considerable impacto financiero. El reclamo de la Nación sobre la disputa está manejado por el despacho Sullivan & Cromwell, elegido por su experiencia en litigios transfronterizos.

Detalles del nuevo mandato

  • Honorario: US$1.800 por hora.
  • Alcance: Defensa de la Argentina en todas las instancias judiciales vinculadas a YPF y al caso PBI.
  • Duración: Contrato renovado por cinco años a partir del 15 de septiembre de 2025.
  • Modificaciones: Ajustes en la estructura de pagos y en los criterios de evaluación de resultados.

Repercusiones económicas y políticas

La aprobación de esta resolución representa un compromiso del gobierno para gestionar de manera eficaz las obligaciones legales que conlleva el rescate y la reestructuración de YPF. El presupuesto asignado se integra en el programa de inversión en energía y tecnología, buscando asegurar la estabilidad de los contratos internacionales y la continuidad de los procesos judiciales.

Perspectiva internacional

El convenio confirma el enfoque de la Argentina de mantener una presencia activa en los foros internacionales de arbitraje y justicia, lo que permite que el país actúe con mayor respaldo frente a terceros países y empresas.

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