La coalición de gobernadores Provincias Unidas ha presentado hoy sus diez principios estratégicos, subrayando que las reformas que necesita Argentina dependen de votos parlamentarios y no de vetos presidenciales. La noticia llega tras la crisis de la última semana, cuando el presidente Milei vetó la Ley Emergencia de Discapacidad y la Corte Suprema la anuló el día 25 de agosto.
El grupo de gobernadores que forma la coalición Provincias Unidas, compuesta por 28 provincias, hizo hoy una conferencia de prensa en la que expuso sus diez principios estratégicos, centrados en la defensa de la autonomía fiscal, la mejora de la infraestructura pública y el fortalecimiento de los servicios de salud y educación, pero sin nombrar los puntos específicos. El mensaje que subraya es el de los votos como herramienta de reforma, no los vetos presidenciales, en un contexto de profunda crisis legislativa tras la decisión del presidente Javier Milei de vetar el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad el 20 de agosto de 2025. Ese mismo día, los diputados del Congreso rechazaron el veto el 22 de agosto, y el 25 de agosto la Corte Suprema anuló la medida, restaurando la Ley Emergencia de Discapacidad, que fue sancionada el 27 de julio de 2023 con un presupuesto de 6.5 billones de pesos y cubre a 600.000 beneficiarios. En medio de este debate, el ministro interior Lisandro Catalán, nominado el 25 de agosto, expresó su apoyo a la coalición, mientras que el ex secretario de Salud Spagnuolo fue destituido de su cargo en la administración nacional el 21 de agosto. La posición de Provincias Unidas también se alinea con la de varios gobernadores que han intentado resistir el cheque de Milei, citando la necesidad de un Acta de Transferencia Nacional (ATN) que garantice recursos a las provincias. Con la agenda de la legislatura centrada en la renovación del contrato de jubilaciones, la coalición espera influir en las próximas sesiones sobre la reforma fiscal y la reforma de la seguridad social, con la expectativa de que el Congreso se decida a favor de los votos y no de vetos, asegurando la continuidad de los programas sociales y la estabilidad económica en todo el país.