El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, percibe un salario superior al de cualquier ministro, generando un vórtice mediático. Yacobitti, por su parte, respondió con su recibo de sueldo, desmintiendo las alegaciones y poniendo frente a los números la realidad de su remuneración.
El 17 de septiembre de 2025, Caputo difundió un mensaje a través de sus redes en el que acusaba públicamente a Yacobitti de “cobrar más que cualquier ministro”, alegando que la cifra de su salario superaba el rango de honorarios de la máxima dirección del Banco Central. La declaración generó inmediata reacción en las redes sociales y la cobertura de los principales medios del país.
En respuesta, Yacobitti publicó su recibo de sueldo del mes de agosto, detallando los componentes de su remuneración y el monto total recibido. El vicerrector mostró que su sueldo mensual se ajusta a las normas establecidas para las posiciones de dirección en la Universidad de Buenos Aires, sin justificar cifras fuera de rango. El documento evidenció que el pago corresponde a la comisión de cargo y al salario base, sin sobrecargos no autorizados.
El intercambio no solo generó debate sobre la transparencia en el sector público, sino que también coincidió con el contexto económico de Argentina. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aumentó su tasa de referencia al 44% el 11 de agosto de 2025 y, tras la reducción de tasas de caución el 18 de agosto, las elevó nuevamente el día siguiente. Asimismo, el encaje mínimo sobre depósitos superiores a 100 mil pesos se incrementó a 18% el 20 de agosto, mientras la inflación mensual de febrero de 2025 alcanzó el 5,3 %. Estas medidas se producen en un escenario donde la deuda pública se renovó en la totalidad del vencimiento en pesos, con un financiamiento del 86 % y un monto aproximado de ocho billones de pesos.
El vicerrector sostuvo que su remuneración no excede la establecida por la normativa y que la acusación de Caputo carece de fundamento. El ministro, por su parte, mantuvo su postura, argumentando que la transparencia en la remuneración pública debe ser absoluta y que la comparación con los salarios ministeriales exige una revisión exhaustiva. El debate sigue activo en las redes sociales y en los debates parlamentarios, con expertos en finanzas públicas expresando que las cifras presentadas por ambas partes necesitan verificarse con mayor detalle.