La Corte Suprema ratificó la sentencia que condena al acusado a prisión por su participación en actos de tortura contra funcionarios del sistema judicial, cerrando una larga investigación que puso a prueba la integridad de la justicia. El fallo se adoptó tras una audiencia pública que contó con peritos y expertos, y el tribunal ordenó crear un comité de supervisión para garantizar el respeto de los derechos de los funcionarios.
El fallo, emitido en la capital el lunes, confirma los hallazgos de la Fiscalía y la investigación de la Policía Federal que se desarrolló durante varios años. La sentencia impusió una pena de prisión y se establecieron medidas para garantizar la reparación de las víctimas y la supervisión de las instituciones implicadas. El juez presidente del tribunal destacó la importancia del caso como precedente frente a la impunidad. La decisión recibió apoyo de la comunidad jurídica y de organizaciones de derechos humanos. Se espera que el fallo genere un debate sobre las prácticas de investigación y la protección de funcionarios públicos.