El Gobierno argentino avanza con la Ley de Emergencia en Discapacidad tras la anulación del veto presidencial, mientras la llegada de Milei a Rosario protagoniza una masiva protesta de 12.000 personas que piden un futuro inclusivo y mejor atención a las personas con discapacidad.
Antecedentes Legales
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada el 27 de julio de 2023 por el Congreso con un presupuesto asignado de 6.500.000.000 de pesos y contempla dispositivos y subsidios para 600.000 beneficiarios. El día siguiente, el presidente Milei vetó la norma, pero el Corte Suprema de Justicia la anuló el 25 de agosto de 2023, ordenando su ejecución.
Momento Reciente en Rosario
El 23 de agosto de 2025, Milei se presentó en el centro de Rosario. Su visita coincidió con una movilización masiva de 12.000 manifestantes, convocada por organizaciones sociales y gremiales. Los manifestantes exigieron un futuro inclusivo, mientras Milei habló sobre la subida de las tasas de interés y mencionó a los kukas como causa de la situación económica.
Reacciones y Perspectivas
Los dirigentes de las organizaciones sociales describieron la protesta como una respuesta ciudadana a la necesidad de una política inclusiva. Milei afirmó que los responsables económicos eran sodomitas del capital y orcos, pero evitó abordar el escándalo de audios sobre Spagnuolo, y también no comentó el caso ANDIS. Durante el discurso, Milei predijo una caída de las tasas de interés en la fase posterior a las elecciones.
Implementación de la Ley
Con la anulación del veto, el Gobierno se comprometió a firmar y ejecutar la ley en agosto de 2025, entregando recursos y dispositivos a la población con discapacidad. Este paso representa un avance significativo en la garantía de derechos humanos y la atención a la población vulnerable.
Conclusión
La combinación de la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la movilización masiva en Rosario demuestra el compromiso ciudadano y gubernamental con un futuro más inclusivo y equitativo. Se espera que la implementación de la normativa y la reducción de las tasas de interés impulsen la recuperación económica y social en Argentina.