El presidente Javier Milei, con el respaldo de la Casa Blanca, firmó hoy una propuesta de swap de 20 mil millones de dólares que busca estabilizar la economía argentina, mientras avanza el plan de reformas que incluye la participación activa de gobernadores y legisladores en la gestión fiscal y lograr crecimiento sostenible.
Acuerdo con la Casa Blanca
En la mañana del 24 septiembre de 2025, el presidente Javier Milei y su equipo firmaron los términos preliminares de una línea de swap de 20 mil millones de dólares que, de aprobarse, le permitiría a Argentina acceder a liquidez en el mercado internacional para financiar la deuda y estabilizar la moneda.
Detalles del swap
Según los comunicados del Tesoro estadounidense, el contrato permitirá una conversión de pesos a dólares con una tasa de descuento del 1 % frente a la tasa de referencia del BCRA (44 % en agosto 2025) y tendrá una vigencia de 10 años. La operación se encuentra “en fase de negociación” y solo será definitiva cuando el Congreso argentino lo apruebe.
Respuesta de Trump
El 23 septiembre de 2025, el expresidente Donald Trump publicó un tweet en el que expresaba su apoyo a las reformas económicas de Milei y a la línea de swap, destacando la “cooperación política y comercial” entre ambos países.
Contexto económico argentino
El país sigue enfrentando una alta inflación (5.3 % en febrero 2025) y una tasa de referencia del BCRA en 44 %. La reciente intervención cambiaria del 2 septiembre redujo el tipo de cambio oficial a 1 335 ARS y el blue a 1 345 ARS, una caída de 10 ARS respecto a la sesión previa.
Reacciones internas
En agosto 2025 las tensiones internas aumentaron: el 20 y 22 de agosto Milei presentó y el Congreso rechazó un veto sobre la Ley de Discapacidad, que la Corte Suprema anuló el 25 de ese mismo mes. El 23 de agosto, Milei visitó Rosario con 12 000 manifestantes que exigían reformas fiscales y reducción del déficit.
Perspectivas
Con el respaldo de la Casa Blanca y la posible aprobación del swap, Milei avanza en su plan de reformas que incluye la participación activa de gobernadores y legisladores en la gestión fiscal, con la intención de reducir el déficit a 8 % del PIB para 2025 y al 2 % en 2026.