En un giro inesperado, la administración argentina presentó cuatro argumentos sólidos para impedir la entrega de la participación mayoritaria de YPF a la entidad privada responsable de su reestructuración. La decisión se toma tras la demanda presentada por los acreedores de Aconcagua Energia, que exige que el 51 % de las acciones sea transferido a la nueva compañía. El caso, traspasado al sistema judicial de Estados Unidos, abre un debate sobre la soberanía y los derechos de los estados frente a corporaciones privadas.
Contexto del litigio
El tribunal federal de Estados Unidos (District Court) recibió la demanda de los acreedores de Aconcagua Energia, ex empresa de YPF que quedó en default. En la demanda se solicita la entrega de la **51 % de las acciones de YPF** a la nueva entidad Tango Energy, ante la cual se valoran los **$16.000 millones** en deuda.
En respuesta, el gobierno argentino apeló al juez **Luis Preska** el 27 de agosto 2025, solicitando revisar la obligación de entregar las participaciones.
Argumento 1: Legalidad de la expropiación de 2012
El Estado sostiene que YPF fue expropiado de la empresa privada Original 2012, y que todas las acciones siguen siendo propiedad estatal, protegiéndose bajo la **Ley de expropiación** y la **Constitución Nacional**. La venta a un fondo privado violaría el texto constitucional que resguarda la propiedad del Estado.
Argumento 2: Falta de aprobación legislativa y de procedimiento público
YPF es una empresa estratégica que, según la normativa, requiere **aprobación parlamentaria** y un proceso público de subasta para transferir su propiedad. El acuerdo con Tango Energy fue cerrado sin la autorización del Congreso y sin seguir el expediente de venta público, por lo que el gobierno sostiene que no existe base legal para la entrega.
Argumento 3: Protección del interés nacional y de la seguridad energética
El ministro de Economía enfatiza que la participación majoritaria de YPF en la matriz energética argentina es clave para la autonomía y la soberanía energética. La entrega de las acciones a un fondo extranjero o a una compañía con participación limitada del Estado pondría en riesgo la estrategia de desarrollo de las reservas y la producción de gas de Vaca Muerta.
Argumento 4: Respeto a los derechos de los acreedores y a la cadena de derechos del sector
El gobierno recalca que la expropiación y la posterior reestructuración deben respetar los derechos de los acreedores sin generar incertidumbre ni perjudicar la estabilidad jurídica del sector. Se argumenta que el acuerdo de transferencia se hizo sin contemplar las leyes de reestructuración y sin garantizar la protección al sector público y a los consumidores.
Repercusiones
El caso sigue en audiencia ante el tribunal de EE. UU. y podría decidirse entre la fecha límite de 30 de agosto 2025 y la publicación del **acuerdo de reestructuración** de Aconcagua Energia el 30 de agosto 2025. La decisión influirá en la percepción de los mercados sobre la política argentina de soberanía energética y en la credibilidad de las empresas estatales.
Declaraciones del gobierno
El presidente Javier Milei afirmó que la actuación fue una defensa de la soberanía estatal y que se ha mantenido “en pie de lucha por el derecho nacional a decidir el futuro energético de Argentina”. La postura gubernamental ha sido calificada por analistas de riesgo como una medida decisiva para contener la pérdida de control sobre uno de los recursos más estratégicos del país.
Conclusión
El argumento presentado por el Estado muestra la complejidad del equilibrio entre la protección de la propiedad estatal y el manejo de la deuda corporativa internacional. El resultado de la apelación determinará si la nación mantendrá el 51 % de YPF en sus manos o si la participación se transferirá a un fondo privado.