El bloque kirchnerista propone medidas para impedir la venta de la compañía estatal nuclear bajo la administración de Milei, mientras el gobierno avanza con un proceso de privatización que ha generado controversia a nivel nacional.
Contexto y antecedentes
En 2025 el presidente Javier Milei impulsó un plan de reforma económica que incluye la privatización de la Nucleoeléctrica Argentina, la única compañía nuclear estatal del país. El proceso formalizó la apertura de su capital a inversores privados y buscaba generar recursos para el balance fiscal. La medida generó críticas de sectores que ven en la energía nuclear una cuestión de soberanía y seguridad nacional.
El proyecto kirchnerista
El 5 de septiembre de 2025, la coalición kirchnerista presentó un proyecto ante las autoridades nacionales que busca frenar la venta de la Nucleoeléctrica. El plan propone:
- Suspender la salida de capitales privados hasta que se realice un acuerdo con el Gobierno Nacional que garantice control estatal.
- Reestablecer la participación mayoritaria del Estado en la compañía y limitar la participación de empresas provinciales y privadas.
- Establecer un fondo de contingencia para la inversión en infraestructura nuclear existente y la futura generación de energía limpia.
El documento subraya que la privatización sin una regulación clara podría abrir la puerta a la adquisición de la empresa por parte de intereses extranjeros.
Reacciones y análisis
La oposición a la privatización ha ganado fuerza entre sindicatos y organizaciones sociales, quienes señalan que el proceso puede afectar la continuidad de los proyectos de energía renovable y la estabilidad de precios. El sector privado, por su parte, argumenta que la entrada de capital externo mejorará la eficiencia operativa y acelerará la modernización de la planta.
Expertos en energía nuclear advierten que cualquier cambio en la propiedad debe acompañarse de normas estrictas de seguridad y soberanía energética. Según el Instituto Nacional de Energía (INE), la Nucleoeléctrica Argentina genera alrededor de 10 GW de potencia eléctrica, suficiente para abastecer a una parte significativa del consumo nacional.
Impacto esperado
Si el proyecto kirchnerista logra aprobación legislativa, la privatización se pospondría al menos hasta 2030, tiempo suficiente para que el Gobierno negocie un plan de transición que proteja los intereses nacionales. Por el contrario, la continuidad del proceso de Milei podría acelerar la entrada de capitales extranjeros y generar mayores ingresos fiscales a corto plazo.