En una victoria para organizaciones que luchan por la inclusión, el 25 de agosto de 2023 la Corte Suprema anuló el veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada en julio con un presupuesto de 6,5 mil millones de pesos para 600.000 beneficiarios. Con el gobierno preparado para firmar en agosto 2025, el debate sobre sus ventajas y la reciente protesta de 12.000 manifestantes en Rosario marcan la pauta de la implementación.
Contexto histórico y legal
El Congreso argentino aprobó la Ley de Emergencia en Discapacidad el 27 de julio de 2023, otorgando un presupuesto de 6 500 000 000 pesos y previstas ayudas para 600 000 personas con necesidades especiales. Dos días después, el presidente Javier Milei impuso un veto el 29 de julio. La Corte Suprema, el 25 de agosto de 2023, anuló ese veto y restauró la validez de la ley. El gobierno anunció que firmar‑la y ponerla en marcha el próximo agosto 2025.
Reacción social tras el veto y la restitución
El 23 de agosto de 2025 Milei realizó una visita a Rosario que generó una movilización masiva: 12 000 manifestantes se concentraron frente a la sede del gobierno provincial. El mandatario habló sobre la subida de las tasas de interés, señaló por “los kukas” y utilizó términos despectivos para describir a responsables económicos sin referirse al escándalo de audios de Spagnuolo ni al caso Andis. Predijo una reducción de las tasas postelecciones y defendió la continuidad de su política de libre mercado.
Beneficios y puesta en práctica
Con la firma prevista, el Estado entregará subsidios y dispositivos a los 600 000 beneficiarios seleccionados. La planificación contempla la distribución de ayudas, la adquisición de tecnologías asistivas y la prestación de servicios de rehabilitación.
Próximos pasos y cronograma
– 25 Agosto 2025: Fallo de la Corte Suprema revierte el veto.
– Agosto 2025: Firma del gobierno y ejecución del proyecto.
– Septiembre 2025: Inicio de la entrega de subsidios.
Implicaciones económicas
El presupuesto implica una inyección de 6,5 mil millones de pesos en el sector sociales, la cual deberá estar financiada con la nueva dinámica fiscal del país.
Relevancia política y social
La ley representa un compromiso con la inclusión, pero también un punto crítico en la relación entre el gobierno y las organizaciones gremiales que se manifestaron en Rosario. El contexto de alta tensión política y de debates sobre la política monetaria añade complejidad al proceso de implementación.