El presidente Javier Milei dio un paso decisivo con la autorización del proceso de privatización de la Nucleoeléctrica Argentina, mientras el bloque Kirchnerista presenta un proyecto para frenar la venta y asegurar la participación estatal. El debate político sobre el futuro de la energía nuclear argentina promete cambios de gran alcance.
Autorización y propuesta en paralelo
El 5 de septiembre de 2025 la Cámara de Diputados aprobó un decreto que habilita el proceso de privatización de la Nucleoeléctrica Argentina. Al mismo tiempo, el bloque Kirchnerista presentó un proyecto parlamentario para impedir la venta y garantizar que el Estado conserve la participación mayoritaria.
La empresa y su capacidad
La Nucleoeléctrica opera los dos reactores de la planta de Atucha II y produce aproximadamente 10 GW de potencia eléctrica, suficiente para abastecer a más de 7 millones de domesticados.
Implicaciones económicas y electorales
La privatización representa uno de los pilares de la agenda económica de Milei y puede generar ingresos que el gobierno utiliza para financiar recortes y planes de gasto, según su portavoz de economía. Al mismo tiempo, este paso genera críticas de sectores opuestos que temen una pérdida de soberanía energética.
Reacciones políticas y sociales
La propuesta del bloque opositor ha sido ampliamente discutida en medios y en las cámaras. Se señala que, mientras el proceso continúa, las reservas de energía podrán mantenerse bajo supervisión estatal, lo que garantiza la estabilidad energética. La discusión se intensificó tras la declaración de los líderes de varias provincias que solicitan la suspensión de cualquier salida de capitales privados.
Perspectivas a futuro
El gobierno ha establecido como objetivo finalizar la adjudicación de la empresa antes del 31 de diciembre de 2025, lo que implica un calendario ajustado para la selección de inversores.