En pleno debate sobre la estabilidad gubernamental, una coalición de partidos opositores ha presentado la solicitud al Poder Judicial para prohibirle a la presidenta Dina Boluarte salir del país, mientras ella asegura que no busca asilo político. El caso llega justo antes de la audiencia prevista para el 15 de octubre, cuando el gobierno y la presidenta podrían enfrentar una nueva crisis institucional.
Contexto político
La presidenta Dina Boluarte, elegida en 2021 tras la destitución de Pedro Castillo, ha enfrentado crecientes críticas desde su primer año. En octubre de 2025, la incertidumbre política se intensifica tras la publicación del informe del Fiscal General, en el que se citan posibles irregularidades en su gestión.
La polémica de la salida
El 9 de octubre se entregó una solicitud formal ante el Poder Judicial, presentando una serie de argumentos para impedir a la presidenta seguir saliendo del territorio nacional. La petición se basa en la posibilidad de que la salida sea una maniobra para escapar de una eventual investigación y de la presión política interna.
Respuesta de la presidenta
Dina Boluarte, en notas para los medios, afirmó que no tiene intención de buscar asilo político ni de abandonar el país. En su declaración, aseguró que su presencia en Perú es fundamental para atender a la ciudadanía y continuar con sus políticas de recuperación económica.
Repercusiones en la justicia
El tribunal ha programado una audiencia para el miércoles 15 de octubre, donde se decidirá si la presidenta podrá salir del país o debe permanecer bajo supervisión. La misma defensa de Boluarte confirmó que no asistirá a la audiencia, alegando que el proceso interfiere con sus responsabilidades oficiales.
Reacciones de los partidos opositores
Múltiples agrupaciones de la oposición, que incluyen al Partido Popular Peruano y al Movimiento Socialista de Izquierda, apoyaron la solicitud con manifestaciones públicas. Argumentan que la acción legal es necesaria para garantizar la rendición de cuentas del gobierno.
Impacto económico y social
La crisis política ha generado incertidumbre en el mercado financiero y ha afectado la confianza de los inversionistas extranjeros, según un informe del Banco Central. Las autoridades han declarado que cualquier medida que afecte la figura del presidente deberá considerarse bajo el marco legal vigente.
Perspectiva institucional
A pesar de la gravedad del asunto, expertos en derecho constitucional señalan que cualquier decisión judicial deberá contar con bases probatorias sólidas y respetar el principio de separación de poderes.