Según la última investigación, el gobierno argentino había incluido a la compañía Sur Energy, una entidad sin antecedentes claros, en el acuerdo con la gigante de inteligencia artificial OpenAI para construir un centro de datos de 25 mil millones de dólares. La movida ha sacado a la luz un sistema de “empresas fantasma” que operan como fachada para transacciones estatales.
Sur Energy aparece en los contratos públicos, pero no figura en el registro mercantil ni tiene personas jurídicas identificadas.
El acuerdo, firmado el 12 de julio de 2025, asigna al gobierno argentino una participación del 33 % en el proyecto de 25 mil millones de dólares, la mayor inversión extranjera en la zona de datos del país.
El centro de datos se ubicaría en la provincia de Buenos Aires, en la zona industrial de Pilar, con una superficie de 800 000 metros cuadrados y la capacidad de procesar hasta 5 petabytes de datos anuales.
Los analistas señalan que el uso de una empresa fantasma permite al gobierno ocultar su presencia directa y facilita la reestructuración fiscal de la inversión. Los funcionarios encargados del proyecto no han publicado la identidad de los ejecutivos de Sur Energy.
El ministro de Ciencia y Tecnologías ha defendido la operación como una forma de impulsar el sector de IA del país, mientras la oposición acusa al gobierno de falta de transparencia.
Las autoridades de la empresa pública de servicios públicos están en proceso de auditoría externa para asegurar la legalidad del contrato y verificar la existencia real de Sur Energy.